jueves, febrero 02, 2017

La Casita de Santa Fe: De la apología del delito al resguardo de la identidad


Un puñado de defensores de genocidas se presentó en Santa Fe. Foto: Andrés Macera.


Por Alfredo Montenegro. “Somos familiares de víctimas del terrorismo”, afirmaba Guillermo Morales, abogado penalista, hijo del militar Domingo Morales, condenado en 2015 en el marco de un juicio por la apropiación de una hija de desaparecidos. El letrado fue uno del grupo de familiares de represores que se presentó en las veredas de los tribunales de Santa Fe, cuando el jueves último comenzó la causa en la que se investiga los secuestros y torturas de trece personas y el homicidio del militante montonero Emilio Feresin.

“También soy defensor de personas que están imputadas por los mal llamados juicios de lesa humanidad”, indicó el polémico abogado. Al ser consultado sobre porqué decía que eran «mal llamados de lesa humanidad» a los presentes juicios, indicó: “Porque se creó una categoría de juicios que no estaban incorporadas al derecho en el momento que ocurrieron los hechos. Se incorporó en 1994 cuando se modificó la Constitución nacional, pero la ley penal es irretroactiva”.
En su afán por defender lo indefendible, agregó que ya había “una ley de amnistía, la de punto final, obediencia debida y el indulto otorgado por Menem”. Admitió que el indulto perdona la pena, no la borra, pero añadió que “es una facultad del Poder Ejecutivo Nacional y si luego el Congreso deroga un indulto, no se respetan las instituciones”.
También se mostró molesto al señalar que se modificó la constitución luego de ocurridos los hechos. “En 1984, cuando se hizo el juicio a las Juntas de los comandantes, no lo juzgaron por delito de lesa humanidad, sino por delitos comunes. Pero ahora, sus subalternos se los juzga por delitos de lesa humanidad y se les impone penas muy superiores que las dadas a los comandantes”, dijo.
El abogado remarcó que: “este es el tercer juicio que se hace sobre la causa Brussa, es un nuevo desprendimiento de ella, los imputados son los mismos y se juzgan hechos supuestamente ocurridos en un lugar que llaman La Casita, pero ese lugar no se encontró nunca, no hay registros de su existencia y no lo pudieron ubicar”.
Al ser consultados sobre los testimonios de quienes fueron llevados allí, y que afirman que Feresin pasó por ese inmueble, intenta argumentar: “Dicen que estaba ahí, pero cómo lo comprueban”.
Además criticó que las “las mismas personas que testimoniaron en las otras causas, hoy se presentan como víctimas”. En ese sentido argumentó, algo confundido, que “no hay credibilidad si de una persona que hoy aparece como testigo, mañana lo hace como víctima”.
Y resaltó: “Hay testigos que dicen que reconocían a sus captores por el color de los zapatos, el olor de su perfume”. Al remarcarle que había captores, torturadores y represores, deslindó responsabilidades y señalo que “yo tenía 3 años cuando ocurrieron esos hechos y no reivindico lo que pasó de un lado o del otro”.
Cuando se la señaló que fue un hecho histórico, aunque no lo haya vivido, no respondió. Y agregó: “¿Por qué no lo juzgan a ellos que también cometieron atentados?”, admitiendo que realizaron ataques. También se le indicó que el grupo de familiares de los represores estaban escondidos y no abrieron causas, se refirió a una nota realizada en el programa televisivo Intratables, por Victoria Villaroel, una investigadora de las víctimas del terrorismo, hace años que busca que se hagan estos juicios”.
Entre poco más de una decena de familiares de represores, junto al abogado, repartían volantes, a unos veinte metros de la entrada principal del Tribunal, donde estaban militantes de HIJOS, activistas de derechos humanos y otras organizaciones sociales.
“8.000 verdades, 22.000 mentiras”, decía el material firmado por Unión de Promociones Santa Fe/Paraná y por la organización La Otra Campana, además de miembros de AfaVitA (Asociación Familiares y Amigos de Víctimas del terrorismo en Argentina).

En la sala

En la sala, Víctor Brusa permanecía impávido, como si no escuchara o no entendiera. Sin embargo al mirar al público y los carteles de los desaparecidos, inmediatamente miraba para otra parte. Ya en 2009 fue condenado por participar en 21 desapariciones forzadas, cuando se desempeñaba como secretario de juzgado en Santa Fe.
Ahora es acusado de aplicar, en su rol de funcionario judicial “apremios ilegales a dos víctimas con el objetivo de que modifiquen las declaraciones vertidas bajo torturas”. En la causa también oyeron las acusaciones en su contra: Juan Calixto Perizzotti, ex jefe de la Guardia de Infantería Reforzada (GIR) y coordinador del Área de Defensa 212; Ricardo Silvio Ferreyra, ex comisario de la Seccional 4°; la ex escribiente de la GIR, María Eva Aebi y Eduardo Alberto Ramos Campagnolo, ex ayudante del Departamento de Informaciones Policiales (D-2) de la policía provincial.
En tanto, tras el vidrio que separa a abogados y acusados, de quien van a presenciar la audiencia, En silencio y con pañuelo blanco, Otilia Acuña, aguarda las acusaciones a los detenidos. Otilia es madre de Nilda Elías, maestra y militante asesinada en abril de 1977,
Por su parte, con la foto de Patricia Villa, un hombre cuenta que es su hermana y que está desaparecida. “Como familiares de víctimas del terrorismo de Estado, sentimos mucha emoción al acompañar a los juicios, a pesar que los hechos que se ventilan son muy dolorosos para nosotros. Quizás lo particular en este caso es que por primera vez compartimos la sala con los familiares de los torturadores, en una mismo espacio de 10 asiento para cada grupo, como si fueran los mismo los cientos de víctimas del terrorismo de Estado, respecto a la familia de un genocida”.
Y agrega “siempre en los juicios hay una parte de sensación de justicia cuando hay condenados, pero sabemos que faltan nombres. Había operativos de fuerzas conjuntas y participaban una 30 personas que participaban, y esos están sentados en el banquillo de los acusados”.

“Reconstrucción de la memoria”

Ya en el cierre de la audiencia, Nadia Schujman, abogada por la querella en representación del hijo y de la segunda esposa de Emilio Feresin, solicitó al tribunal autorización para que sus hijos ingresen al debate del juicio y “especialmente a la sentencia”.
“No existe razón alguna de orden público, moralidad o de seguridad que impida el acceso de los niños y que sólo el apego irreflexivo al texto legal con prescindencia de una interpretación teleológica y sistemática obstruirían la autorización solicitada”, señaló Schujman.
“Entendiendo que es insoslayable la importancia que este tipo de juicios tiene para la reconstrucción de la memoria, la verdad y la justicia”, indicó Nadia, esposa de Juan Basso Feresin, cuyo desaparición y muerte es investigada.
También citó como antecede el caso “Romero Niklison” en año 2011 y afirmó que la presencia de sus hijos “les permitirá tomar contacto con circunstancias decisivas de la biografía familiar, hecho que resulta conveniente para el resguardo de su identidad. A ello se agrega que existe un informe psicológico favorable con relación a la presencia de los niños en la audiencia, quienes además, se encontrarán acompañados por sus padres.

Foto: Andrés Macera.

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