miércoles, marzo 02, 2016

Iniciaron alegatos en el juicio Cambiaso Pereira Rossi: “Hubo un objetivo político y otro cultural”

Foto: Franco Trovato Fuoco.

Las querellas del juicio por el secuestro y asesinato de los militantes justicialistas Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereira Rossi, ocurridos sobre el final de la última dictadura, plantearon este miércoles en su alegato que los objetivos de esos homicidios fueron “condicionar al peronismo en particular” y “a la democracia en general” ante las inminentes elecciones de diciembre de 1983.


Los abogados Santiago Bereciartúa en representación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación; Eliana Masegosa por la misma área de Provincia de Buenos Aires; y Nadia Schujman por las hermanas de Cambiaso –los tres integrantes del equipo jurídico de la agrupación Hijos Rosario–iniciaron este miércoles su alegato en el juicio oral que tiene al último presidente de facto, Benito Reinaldo Bignone, y al excomisario bonaerense Luis Patti entre los principales acusados.
Las querellas unificaron sus posiciones en un único alegato que fueron exponiendo de a turno entre los tres abogados ante el Tribunal Oral Federal 2 de Rosario, integrado por los jueces Omar Digerónimo, Beatriz Caballero y Jorge Benegas Echagüe.
Cambiaso y Pereira Rossi fueron secuestrados el 14 de mayo de 1983 del bar “Magnum” ubicado en el centro de Rosario por un grupo de PCI (Personal Civil de Inteligencia) y militares del II Cuerpo de Ejército, y luego torturados en un galón de las afueras de esta ciudad, según la investigación judicial.
Más tarde fueron entregados a una patrulla del Comando Radioeléctrico de Tigre comandada por el entonces oficial Patti junto a dos suboficiales.
De acuerdo al expediente, sus cuerpos aparecieron baleados en un camino rural cercano a la localidad bonaerense de Lima.
Las pericias detectaron huellas de torturas en ambos y uno de ellos tenía un disparo a corta distancia, compatible con un disparo de “remate”, consigan la instrucción.
Los de Cambiaso y Pereira Rossi fueron los dos últimos crímenes de la última dictadura, luego de que el 30 de abril de 1983 fuera asesinado el jefe montonero Raúl “Roque” Yager.
Según señalaron los abogados querellantes durante la audiencia, el objetivo del secuestro y los asesinatos fueron “aislar de dentro de la comunidad y del Movimiento Peronista, mediante el terror y la estigmatización, a esa corriente militante (Intransigencia y Movilización, en la que las víctimas participaban) que al igual que el resto de las fuerzas políticas se aprestaba a ser parte del nuevo escenario” de retorno democrático.
“A mayo de 1983, que es el momento en que se inscriben los hechos que nos ocupan, la sangrienta faena desatada por el terrorismo de Estado hacía tiempo estaba cumplida. Y no solo nos referimos a la siniestra cacería de hombres y mujeres, especialmente delegados y dirigentes gremiales, militantes y referentes políticos, sociales, estudiantiles, eclesiales; sino también al criminal proyecto económico impuesto por los genocidas”, refirieron en uno de los primeros pasajes de su alegato, que alude al contexto histórico en el que cometieron los homicidios.
“En la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada, escribió a tan sólo un año del golpe, el periodista y militante montonero, Rodolfo Walsh, también víctima del terrorismo de Estado”, señaló Schujman citando al escritor desaparecido, y continuó: “En un año han reducido ustedes el salario real de los trabajadores al 40%, disminuido su participación en el ingreso nacional al 30%, elevado de 6 a 18 horas la jornada de labor que necesita un obrero para pagar la canasta familiar 11, resucitando así formas de trabajo forzado que no persisten ni en los últimos reductos coloniales, señalaba Walsh en su Carta de un escritor a la Junta”, recordó la abogada.
En pos de profundizar la puesta en contexto de los hechos, la representante legal de las hermanas Cambiaso destacó que “el 14 de mayo de 1983, seis años después de la investigación de Rodolfo Walsh, la miseria y el terror planificados ya habían agotado su cometido”, para luego plantear: “Pero un año antes de su finalización, se había producido un hecho relevante que aporta otro elemento central del contexto de ese último tramo de la dictadura cívico-militar: La guerra de Malvinas”.
“En 1982, en un intento por permanecer en el poder, los comandantes que usurpaban el Estado utilizaron el legítimo reclamo por la soberanía de las islas Malvinas e iniciaron una guerra que a todas luces solo tendría consecuencias negativas para la nación y el pueblo argentino”, señaló Schujman.
La abogada de Hijos continuó: “Miles de argentinos muertos, incluso sometidos a tormentos por parte de sus propios superiores, fueron los nuevos mártires de la dictadura genocida, que con total cobardía envió a jóvenes colimbas sin la preparación adecuada, que por otra parte entregaron una prueba de valor y amor por su patria que bien merece el homenaje en este tribunal, ya que la Justicia Argentina se ha negado hasta ahora a reconocer como delitos de lesa humanidad, las torturas que les cometieron sus jefes militares”.
“La realidad aplastante de la perdida de la guerra, con ese terrible saldo, generó como efecto inverso al buscado el anuncio de la retirada militar del gobierno. En mayo de 1983 la dictadura había emitido su documento final, pero para irse, había que dejar un último mensaje de terror”, apuntó la querellante.
Luego Schujman expresó: “El tremendo dispositivo de disciplinamiento social que fue la dictadura, que utilizó la violencia estatal para reorganizar al país desde la perspectiva de los intereses de las grandes corporaciones económicas nacionales y multinacionales, cubrió su retirada con tres emblemáticos homicidios –dos de los cuales se juzgan en esta sala– y una ilegal autoamnistía con la que esperaban quedar a resguardo de los crímenes cometidos; la cual constituye una confesión de los delitos que luego, tanto en los juicios a las juntas como en estos procesos, pretendieron ocultar y negar”.
“Los secuestros, las torturas, la desaparición y los homicidios de Osvaldo Cambiaso y de Eduardo Pereira Rossi constituyen un último e inequívoco mensaje criminal de la dictadura, que apuntó a condicionar tanto la democracia en general, que volvería a dar sus primeros nuevos pasos unos meses después; como al peronismo en particular”, precisó la abogada.
Los abogados Bereciartúa y Masegosa avanzaron en algunos aspectos técnicos jurídicos del alegato, como la frondosa evaluación de la prueba y el revelamiento de las numerosas pericias que permitieron dar por tierra con la versión que la dictadura quiso instalar de que Cambiaso y Pereira Rossi habían sido muertos en un enfrentamiento.
Tras haber comenzado la audiencia pasadas las 10 de la mañana, y luego de seis horas de exposición de los letrados, alrededor de las 17 desde el tribunal plantearon que el alegato y el juicio continuaría el próximo miércoles.
Además de Bignone y Patti, en el juicio oral hay otros diez imputados entre militares retirados y PCI que prestaron servicios en área de Inteligencia del Batallón de Comunicaciones 121 de Rosario durante la última dictadura. Se trata del suboficial de la policía bonaerense, Juan Amadeo Spataro; y los integrantes del Destacamento de Inteligencia 121, Pascual Guerrieri, Luis Muñoz, Juan Andrés Cabrera, Walter Pagano, Carlos Sfulcini, Antonio López, Jorge Rodolfo Rodríguez y Carlos Alberto Lucena. En el banquillo de los acusados también se encontraba Ariel El Puma Zenón Porra, quien falleció tiempo atrás.

Imagen: Entre el blindex y los abogados, los represores Cabrera y López. Foto: Franco Trovato Fuoco.
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