martes, diciembre 29, 2015

Desde 2006 hubo más de 2000 imputados y 632 condenados

Un detallado informe de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad, refleja los avances en materia de procesos judiciales contra los responsables del terrorismo de Estado.




Los juicios donde se juzgan los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar en Argentina suman, según el balance que ofreció la Procuraduría, 632 condenas, mientras que 57 acusados resultaron absueltos.
En el período analizado se dictaron 149 sentencias, mientras que la materia pendiente sigue siendo que las condenas queden firmes ya que hasta el momento sólo 42 alcanzaron ese estado, es decir el 28 por ciento del total.
Sobre un universo de 514 causas que se tramitan en el país se puede realizar, según el estado en el que se encuentran, el siguiente desglose: 233 se encuentran en etapa de instrucción, cifra que representa un 45 por ciento del total, y las causas con elevación a juicio son 116, (23 por ciento). Mientras que se desarrollan actualmente 16 juicios (2 por ciento) y ya fueron dictadas las sentencias en 149 (30 por ciento).
En cuanto a la situación de los imputados, sobre el total de personas identificadas como responsables en delitos de lesa humanidad, encontramos un total de 689 personas imputadas con sentencia (632 condenados y 57 absueltos). Asimismo, se registran 883 personas con procesamiento, 113 con falta de mérito, 11 con sobreseimiento y 196 indagadas e imputadas, cuya situación procesal no se ha resuelto aún. Por último, existen 57 prófugos y 227 imputados que fallecieron impunes.

Otro año de sentencias en todo el país
En 2015 hubo un total de 18 sentencias por delitos de lesa humanidad. La primera del año fue el 19 de febrero, en La Plata, con la condena a prisión perpetua al militar Angel Gómez Pola y al comisario Abel Oscar Bracken; a 25 años de prisión para los policías Francisco Manzanares y Chiachietta; a 18 a Miguel Ángel Almirón y Julio Angel Esterlich, y a 15 al comisario Edgardo Mastandrea. Los crímenes investigados tuvieron lugar en el circuito represivo que funcionó en Junín.
El 18 de marzo, la justicia riojana condenó al alférez Angel Ricardo Pezzetta a prisión perpetua por la muerte de los sacerdotes Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville, conocidos como los "Mártires de Chamical".
El 21 de marzo, en Formosa, se condenó al policía Agustín Echeverría a 7 años y 6 meses de prisión por considerarlo partícipe secundario del delito de tormentos agravados contra Olga Elsa Gauna.
El 10 de abril, la justicia puntana impuso prisión perpetua a nueve imputados y penas de 3 a 20 años de cárcel a otros 19, proceso en el que se investigaron los delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos, homicidio, asociación ilícita, violación y encubrimiento.
También en abril, en Buenos Aires, Ana María Grimaldos fue condenada a seis años de prisión por la apropiación de Javier Penino Viñas, nacido en la ESMA cuando su madre Cecilia Viñas estaba secuestrada en 1977. Javier recuperó su identidad en 1998.

El 8 de junio, la justicia porteña condenó a ocho y seis años y medio de prisión, respectivamente, al matrimonio apropiador de Florencia Laura Reinhold Siver, integrado por Juan Carlos Lavia y Serafina Marchese. El médico obstetra que falsificó el certificado de nacimiento, Francisco De Luca, deberá cumplir una pena de cinco años de prisión.
El 8 de junio, en Córdoba, Luciano Benjamín Menéndez fue sentenciado a prisión perpetua por los delitos de privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos agravados y homicidio calificado, en perjuicio de Ana María Villanueva, Carlos Delfín Oliva y Jorge Manuel Diez.
El 13 de junio, en Tucumán, el ex juez Manlio Martínez se convirtió en el primer ex magistrado en recibir una sentencia por los delitos de abuso de autoridad y encubrimiento en la investigación de la matanza de cinco militantes de Montoneros.
El 25 de junio, la justicia rosarina condenó a prisión perpetua a Manuel Saint Amant, Antonio Bossie, Norberto Ferrero y Daniel Quintana, por crímenes cometidos en las ciudades de San Nicolás, San Pedro y Pergamino. Edgardo Antonio Mastandrea, Carlos Enrique Rocca, Roberto Horacio Guerrina y Clementino Rojas recibieron condenas de 20; 12; 6 y 4 años respectivamente, mientras que se sentenció a tres años de prisión a los acusados Juan Alberto González, Julio Alberto Almada, Miguel Ángel Lucero y Luis Antonio Sinigaglia.
El 29 de junio, la justicia salteña condenó a prisión perpetua a Miguel Gentil, Virtom Mendíaz y Joaquín Guill; y a penas de entre dos y tres años a los comisarios retirados Antonio Saravia, Abel Guaymas y Néstor Liendro, por delitos cometidos en perjuicio de 18 víctimas.
El 2 de julio, la justicia jujeña condenó a Horacio Marengo a 12 años, y a otros 10 agentes del SPF a 14, por los delitos cometidos en perjuicio de 90 víctimas en el denominado “Operativo Aire 718”.
El 16 de julio, el Tribunal Oral Federal 5 de San Martín condenó a prisión perpetua al ex brigadier de la Fuerza Aérea, Miguel Angel Osses, por los delitos cometidos en el centro clandestino de detención conocido como Mansión Seré. En tanto, los brigadieres Hipólito Mariani y César Miguel Comes, recibieron penas de 25 años; al igual que los ex policías Daniel Alfredo Scali, Marcelo Eduardo Barberis, y Héctor Seisdedos.
Por su parte, el comisario de la bonaerense Néstor Rubén Oubiña resultó sentenciado a 12 años de prisión, y el ex policía Felipe Ramón Sosa, a 9.
El 19 de octubre, la justicia platense condenó a prisión perpetua al Comandante de la Fuerza de Tareas 5 Jorge Alberto Errecaborde; al del Batallón de Infantería de Marina 3 José Casimiro Fernández Carró y al jefe de Operaciones e Inteligencia Roberto Eduardo Fernando Guitian. Además, condenó a 25 años al comandante de Operaciones Navales de la Armada, Antonio Vañek; a su par de la FT5 y Director del Liceo, Juan Carlos Herzberg; al ex jefe de la Zona Río de La Plata de la Prefectura, Luis Rocca; al ex oficial Eduardo Antonio Meza y al ex jefe de Prefectura, Carlos José Ramón Schaller. Todos fueron condenados por delitos cometidos en perjuicio de 41 trabajadores de YPF, Propulsora Siderúrgica y Astilleros Río Santiago.
El 13 de noviembre, la justicia catamarqueña sentenció al coronel (RE) Enrique Henzi Basso y al teniente coronel (RE) Darío Otero Arán a 9 y 12 años de prisión respectivamente, en el tercer juicio por delitos de lesa humanidad en dicha provincia, denominado Ponce-Borda II.

El 20 de noviembre, tuvo sentencia el tercer juicio realizado en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca, en el que se condenó a prisión perpetua a 18 ex integrantes de la Armada.
El 4 de diciembre fueron condenados a 25 años Santiago Omar Riveros y Rodolfo Feroglio, por delitos cometidos en la comisaría de la localidad bonaerense de Villa Ballester, donde funcionó unos de los centros clandestinos de detención del ámbito de Campo de Mayo. En tanto, el ex jefe de la seccional, Carlos Caimi, fue condenado a una pena de 12 años de prisión.
El 21 de diciembre, la Justicia porteña condenó a los apropiadores y al entregador del nieto recuperado 109, Pablo Athanasiu Laschan. El policía federal retirado Enrique López fue condenado a ocho años y seis meses, y su esposa Carmen Saunier recibió una pena de 5 años. En tanto, al comisario retirado Juan Dib se le impuso una condena de 7 años y seis meses de prisión por su papel como entregador.
El 23 de diciembre, se conoció la sentencia de la causa “Área Paraná”, que se tramitó por escrito por el antiguo Código de Procedimientos en Materia Penal. El juez federal de Paraná, Leandro Ríos, condenó al policía federal Cosme Demonte a cadena perpetua; al mayor retirado Jorge Appiani a 18 años; al ex director de la cárcel de Paraná, José Appelhans, a 14; y al ex médico de los Institutos Penales, Hugo Moyano, a 8.

Fuente: Fiscales.gob.ar y Memoria Télam.

www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/wp-content/uploads/sites/4/2015/11/Informe-Lesa-final.pdf
www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/noticias/

Con la tecnología de Blogger.