viernes, agosto 08, 2014

Juicio Feced II: Hijos pidió penas de prisión perpetua y 25 años de cárcel

El juicio por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura en el ex Servicio de Informaciones de la policía de Rosario se encamina a su desenlace. El jueves 7 y el viernes 8 de agosto los abogados querellantes de la organización Hijos realizaron su alegato (la acusación final) contra los diez represores sentados en el banquillo de los acusados.

“La violencia en la Argentina por parte del Estado, en representación de determinados intereses políticos y económicos, se remonta mucho antes del último golpe cívico militar”, comenzó Nadia Schujman, quien junto a Santiago Bereciartua desplegó el alegato de la organización.

“La violencia generada por parte del Estado, ya entrado el siglo XX, fue convirtiéndose en una constante que en el año 1930 inauguró una escalada de golpes de Estado dirigidos contra gobiernos democráticos, electos por las más amplias mayorías sociales”, indicó Schujman, y añadió: “Cada golpe trajo consigo un aumento en los niveles de violencia desatada, siendo siempre precedidos por un seguro de impunidad para los criminales de Estado”.

“El autoritarismo y la intolerancia, fundamentalmente hacia los sectores populares y sus organizaciones, la proscripción del Peronismo, fueron parte ineludible del contexto en el que nació a la vida política la generación del sesenta. Generación que tuvo como trágico bautismo a los bombardeos en la plaza de Mayo, en septiembre de 1955, contra el pueblo indefenso, hecho en el que murieron más de 300 personas”, agregó la abogada a la hora de describir el marco histórico previo al golpe de estado del 24 de marzo de 1976.

Schujman dijo que las declaraciones de los imputados dejaron “en claro a todos los que los escuchamos su convicción ideológica, su falta de arrepentimiento, su orgullo, podríamos decir, acerca de los crímenes que cometieron”.

“Sin embargo –agregó- no tienen la valentía para reconocerlos, llamativa cuestión si es que están tan seguros de haber salvado al país y convencidos que pelearon una guerra, sosteniendo la teoría de los dos demonios”.


Los querellantes enfatizaron que “el entramado económico y civil de la última dictadura es algo sobre lo que de a poco se está avanzando también en este país -tal son los casos de la Ford, Papel Prensa, Massot, Blaquier- lo cual, sin embargo, no cambia ni morigera en nada la responsabilidad de cada uno de los imputados en estos hechos”.

Con minuciosidad Bereciartua y Schujman detallaron los delitos sufridos por las víctimas del SI, el rol de cada uno de los imputados y el modo en que funcionó aquel siniestro centro clandestino de detención.

Un tramo importante del alegato estuvo dedicado a la valoración de la cuantiosa prueba producida durante el juicio y los testimonios de los sobrevivientes.

Finalmente, de acuerdo a los delitos por los que se juzgó a nueve de los diez imputados –privación ilegítima de la libertad, tormentos agravados y asociación ilícita–, los abogados de Hijos pidieron para los ex policías José Rubén Lo Fiego, Ramón Telmo Alcides Ibarra, Julio Fermoselle, Ovidio Olazagoitía, Ricardo José Torres, Pedro Travagliante, Ernesto Vallejos, Julio César Nast y Eduardo Dugour, la máxima pena que permite la escala penal Argentina para esos crímenes: “veinticinco años de prisión, inhabilitación absoluta en cumplimiento efectivo y cárcel común”. Para el caso de Carlos Ulpiano Altamirano, el único acusado por homicidio en este tramo del expediente Feced –por los asesinatos de los hermanos peruanos María Antonieta y Rory Céspedes Chung–, solicitaron la pena de prisión perpetua en cárcel común y efectiva.

“Todos estos constituyen delitos de lesa humanidad cometidos en el marco de un genocidio”, señaló Bereciartúa al finalizar la exposición.

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