jueves, abril 11, 2013

Juicio a represores de la dictadura San Lorenzo: fiscalía y querella pidieron la suspensión del proceso


La fiscal federal Mabel Colalongo, pidió este jueves ante el Tribunal Oral N°1 de Rosario la suspensión del juicio por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en la localidad santafesina de San Lorenzo, en el que se juzga un solo caso, para que se acumule al resto de las causas que involucran a obreros y militantes sindicales que fueron víctimas del terrorismo de Estado en esa ciudad de Santa Fe. La solicitud, que el TOF1 resolverá en una audiencia citada para este viernes a las 10, fue apoyada por la querella particular de la única víctima, Manuel Casado, y rechazada por las defensas de los tres imputados en el juicio, dos militares retirados y un civil.

Además, dentro de la sala de audiencias, tras el planteo de la fiscal, militantes de derechos humanos de Rosario y San Lorenzo, junto a familiares de desaparecidos del Cordón Industrial, desplegaron carteles de apoyo a la demanda presentada por Colalongo. 

La fiscal, sostuvo durante la audiencia que su petición se sustentan en normas internacionales y fallos locales que procuran garantizar “el derecho a la verdad de las víctimas” en juicios “por violaciones masivas de los derechos humanos”. 

“La ultraparcialización de esta causa viola normas que el Estado argentino está obligado a cumplir”, aseguró la representante del Ministerio Público Fiscal. Tras citar tratados internacionales, jurisprudencia de tribunales internacionales y doctrina jurídica vernácula, Colalongo puntualizó que “en esta audiencia sólo tenemos una víctima del cordón industrial de San Lorenzo y están ausentes el 99 por ciento” restante. Añadió que si a lo largo del juicio a los tres imputados se los hallara responsables de los delitos que se les achacan, “no se determinaría la responsabilidad en la dimensión que corresponde analizando un solo caso, con una única víctima”. 

En el juicio oral iniciado el 22 de marzo pasado se juzga la privación ilegítima de la libertad, tormentos, violencia y amenazas de las fue víctima Manuel Casado, ex secretario general del Sindicato de Municipales de la ciudad de San Lorenzo, quien fue secuestrado el 25 de marzo de 1976. 

Se trata de una parte de la denominada causa “San Lorenzo” o “de los trabajadores”, en la que se investigan desapariciones, secuestros, asesinatos y torturas contra obreros, dirigentes y activistas sindicales de las principales industrias que operaban en el entonces cordón industrial del Gran Rosario. 

En el banquillo de los acusados están el teniente coronel retirado Rubén Osvaldo Cervera y el capitán retirado Horacio Hugo Maderna (jefe y subjefe del Batallón de Arsenales 121 de Fray Luis Beltrán en 1976), y el abogado Pedro Alberto Rodríguez, ex asesor del municipio de San Lorenzo durante la intervención militar. 

El represente de Casado, el abogado Gustavo Feldman, dijo tras la solicitud de Colalongo que “ésta querella va a apoyar el pedido de suspensión del Ministerio Fiscal” a los fines de que la causa se acumule a la restantes que poseen los mismos imputados y permitirían demostrar el carácter “sistemático” de la represión estatal. 

De todos modos, recordó que “el resto de los hechos está en etapa instructoria” y que “si no se suspende el juicio y yo creo que vamos a poder arribar a la verdad y vamos a llegar a una solución justa”. 

Tras las solicitudes de la fiscalía y la querella, los integrantes del TOF 1 decidieron pasar a un cuarto intermedio el debate oral y retomar mañana la audiencia a las 10.00 cuando, anunciaron hoy, darán a conocer su decisión. 

Fuera de la audiencia, en diálogo con Redacción Rosario, Ediliio Quiroga, uno de los testigos de la causa, explicó que “el espacio por la Memoria, la verdad y la justicia de San Lorenzo, más el espacio Juicio y Castigo Rosario estuvimos presentes para realizar esta acción directa de apoyo al pedido de la fiscal, porque no tenemos dudas de que la mejor manera de conocer la verdad de lo ocurrido durante la dictadura en el Cordón, y de juzgar a los represores que operaron ahí, es mediante la unificación de esta causa con el resto de la región”. 

Quiroga recordó que “es un planteo que realizamos desde antes del inicio del juicio, que apunta a que se comprenda que lo que sucedió en San Lorenzo fue parte de un plan sistemático y no un hecho aislado”.
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