martes, septiembre 11, 2012

Juicio a los genocidas de San Nicolás: Pruebas del genocidio

Este lunes declaró en el Tribunal Oral Federal N°1 de Rosario, en el marco del juicio contra los represores de San Nicolás, la Directora del Archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (Dippba), Claudia Bellingeri y aportó copiosa documentación sobre las víctimas extraída de un registro de 230.000 fichas personales correspondientes a perseguidos políticos.

José María Buassi, testigo de la causa y referente de la Mesa de la Memoria por la Justicia de San Nicolás, comentó a Redacción Rosario que en la jornada además de Bellingeri declararon Juan Carlos Catini, militante del barrio Don Américo de San Nicolás que presidía la vecinal, Luís alfredo Godoy y Hugo Esteban Jaime.
Documentos de inteligencia

La Directora del Archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, un ente que es gestionado por la Comisión Provincial por la Memoria de Buenos Aires, que preside Adolfo Pérez Esquivel, aportó información extraída del registro de 230.000 fichas personales correspondientes a perseguidos políticos.

La testigo explicó la dinámica de “trabajo” de lo que se denominó la “Comunidad informativa”, que la red de inteligencia articulada por todas las fuerzas armadas y de seguridad provinciales y nacionales.

Bellingeri, contó que en la Dippba están compilados los partes que hacían los agentes estatales de la policía provincial, cuya tarea consistía en espiar, entre otros, a militantes, estudiantes, sindicatos, prensa y empresarios.

La testigo relató que sobre San Nicolás constan partes de inteligencia en los que se seguía a religiosos, a las víctimas de la dictadura de la zona vinculadas con la Iglesia del tercer Mundo, caracterizada por los agentes como “curas villeros”.

También indicó Bellingeri bajo las iniciales DS (“delincuentes suversivos) “se registra en el archivo toda la información que da cuenta de la persecución política ideológica de las víctimas”.

La testigo, que declaró como perito, se explayó sobre los documentos referidos a actuaciones concretas Área Militar 132, la jurisdicción en la que se enmarcan los hechos investigados en la causa.

Bellingeri señaló que a partir de las directivas 404 y 405 se dividió el país en zonas militares. “Buenos Aires –indicó la perito– quedó comprendida dentro de las zonas 1 (Primer Cuerpo), 4 (Comando de IIMM) y 5 (Quinto Cuerpo)”.

Los documentos exhibidos por la testigo dieron cuenta como las llamadas fuerzas conjuntas realizaban todas sus acciones coordinadamente. En esa línea, Bellingeri se refirió a legajo localizado cuyo título dice “Enfrentamiento con subversivos 19/11/76” y que está aportado a la causa. “El legajo da cuenta de dos muertos NN femeninos, y dos muertos NN masculinos. No identifica a los asesinados. Habla de un menor muerto, dice que otros dos menores fueron ubicados con principio de intoxicación. Dice que el Batallón de Ingenieros de combate 101 es el responsable conjuntamente con la Policía Federal”, apuntó la testigo entre otros importantes datos a los cuales hizo alusión.

Al cierre de la jornada, que culminó pasadas las 14, en la puerta del tribunal, Budassi explicó que el juicio –que semanas pasadas contó con varias audiencias en la ciudad de San Nicolás–, continuará martes y miércoles en Rosario.

El juicio oral y público reúne tres causas: el caso de la Masacre de Juan B. Justo, ocurrido en noviembre de 1976 –donde se juzgan los homicidios de Ana María del Carmen Granada y la pareja Amestoy Fettolini y sus hijos de cinco y tres años–; el caso de los Militantes de la JP-Montoneros desaparecidos en los Barrios Trípoli, Don Bosco y Santa Rosa, ocurrido entre abril y mayo de 1977 –se juzgan los homicidios de María Regina Spotti, María Rosa Baronio, Eduardo Luis Reale, Horacio Arístides Martínez, María Cristina Alvira y Raquel Rosa Alvira–; y el caso Mastroberardino, ocurrido en abril de 1977 –donde se juzga el secuestro de José Emilio Mastroberardino locatario de la casa donde vivían el matrimonio de los militantes Almada-Spotti y su hijos Víctor y Martín–.

Por los hechos de la Masacre de Juan B. Justo están imputados y procesados el ex jefe militar de la zona, Manuel Fernando Saint Amant; el coronel retirado Antonio Federico Bossié, jefe de Operaciones del Área 132 durante la última dictadura, y el ex comisario jefe de la delegación San Nicolás de la Policía Federal, Jorge Muñoz.

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