jueves, julio 26, 2012

Causas contra represores de San Nicolás: Este lunes se reanuda el juicio en los tribunales federales de Rosario


El juicio por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en la ciudad de San Nicolás, que se desarrolla en los tribunales federales de Rosario, reiniciará sus audiencias este lunes, luego de finalizada la feria judicial. En ese contexto las organizaciones del Espacio Juicio y Castigo impulsan diferentes acciones para difundir la reanudación de las audiencias y la participación en el proceso que, recordaron, “es oral y público”.

“Ante la reanudación de las audiencias, haremos una volanteada en la peatonal este sábado y lanzaremos un fuerte campaña de acreditaciones para que todos los rosarinos puedan ser parte de este proceso histórico de condenas a los genocidas”, explicó a Ingrid Schegtel, militante de HIJOS e integrante del espacio Juicio y Castigo Rosario, ámbito que nuclea a organismos de derechos humanos, sobrevivientes de la dictadura y numerosas agrupaciones sociales y políticas.

La militante de HIJOS indicó que “este sábado un grupo de compañeros que trabajamos junto a la Mesa de la Memoria de San Nicolás para que este y todos los juicios a los genocidas no queden encerrados entre las cuatro paredes de los tribunales, estaremos desde las 11 en la esquina de San Martín y Córdoba, para difundir el reinicio de las audiencias y cómo hay que hacer para poder participar de las mismas”.

“Queremos que la gente, los estudiantes, el pueblo en su conjunto, participen de los juicios a los genocidas, porque estos implican una fenomenal enseñanza de lo que significó el terrorismo de Estado”, afirmó Shegtel quien además es docente.

“Estos procesos –agregó– significan el contacto con una experiencia histórica que está viva en la cotidianeidad de los argentinos, tanto en las deudas pendientes de nuestra democracia, como de los dilemas que se plantean frente a los importantes avances conseguidos en los últimos años”.

Schegtel, informó que en el tramo que se inicia el lunes el Tribunal Oral Federal Nº 2 de Rosario (TOF2) continuará con las cuestiones preliminares, que “es cuando los abogados defensores plantearán las nulidades que creen que existen en las causas, y que luego deben contestar las representantes legales de querellas”, ilustró la referente de la agrupación.

El proceso judicial que se inició el 2 de julio pasado y que reúne tres causas, continuará luego con las declaraciones indagatorias de los imputados, y dará paso después a la producción de pruebas y las declaraciones testimoniales.

Para este juicio fueron unificadas la causa por los hechos de la Masacre de Juan B. Justo, la causa Alvira por la desaparición de ocho militantes de la JP-Montoneros entre abril y mayo de 1987; y el expediente Mastroberardino, un vecino de San Nicolás que fue víctima de la dictadura por alquilar su vivienda a uno de los matrimonios de militantes desaparecidos.

Por los hechos de la Masacre de Juan B. Justo están imputados y procesados el ex jefe militar de la zona, Manuel Fernando Saint Amant; el coronel retirado Antonio Federico Bossié, jefe de Operaciones del Area 132 durante la última dictadura; y el ex comisario jefe de la delegación San Nicolás de la Policía Federal, Jorge Muñoz. La justicia federal los procesó por los asesinatos del matrimonio conformado por Omar Amestoy y María del Carmen Fettolini, junto a sus dos pequeños hijos Fernando (5) y María Eugenia (3). En ese procedimiento de fuerzas conjuntas ocurrido en la madrugada del 19 de noviembre de 1976 en una vivienda de la calle Juan B. Justo de San Nicolás, también fue asesinada Ana María del Carmen Granada, mientras que el único sobreviviente fue su hijo, el nieto recuperado Manuel Gonçalves.

Por la causa Alvira, Saint Amant está imputado por la desaparición de los militantes peronistas María Regina Spotti, María Rosa Baronio, Eduardo Luís Reale, Horacio Arístides Martínez, María Cristina Alvira, Raquel Rosa Alvira, Víctor Gustavo Almada y Martín Adrián Almada.

En el tercero de los expedientes se investigó la privación ilegítima de la libertad de José María Mastroberardino, quien fuera víctima de la dictadura por alquilar su vivienda al matrimonio Almada-Spotti.
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