martes, febrero 14, 2012

Juicio Díaz Bessone: Mi pobre dinosaurio

Por Juane Basso. Gonzalo Miño, el polémico abogado del jerarca de la dictadura Ramón Genaro Díaz Bessone, presentó un nuevo escrito ante el Tribunal Federal Oral N° 2 (TOF) de Rosario, en el que solicitó que su defendido sea apartado del proceso –donde se juzga a buena parte de la patota que comandó el gendarme Agustín Feced–, por “razones de salud” . Por su parte el fiscal de la causa, Gonzalo Stara, informó que el viernes 10 de febrero pudo comprobar que el genocida "puede soportar el proceso". "Estuve presente en el domicilio del imputado en el marco de una indagatoria que prestó a la justicia Federal de Paraná, y el acto se desarrolló con normalidad”, dijo Stara.

Una vez más, Miño volvió a la carga con el tema de la salud del máximo responsable –vivo, diría Susana Giménez– del terrorismo de Estado en Rosario y la jurisdicción del Segundo Cuerpo de Ejército, de ls cual fue comandante hasta octubre de 1976. Las chicanas del letrado fueron una constante del proceso que se inció en julio de 2010 y que ya corre por el guinnes.

En el marco de una nueva audiencia del juicio que lleva el nombre de su cliente, y justo cuando le tocaba iniciar su alegato, el abogado de Díaz Bessone solicitó por escrito que su defendido “no siga siendo sometido a proceso”, por su complicado “estado de salud”.

El escrito del defensor más entusiasta de los represores –esta semana apareció en los medios como representante legal de Juan Ámelong en el Colegio de Abogados–, retomó trazos del informe del médico de la Policía Federal leído días atrás, en el que se justificaba que en esa dependencia no contaban con el dispositivo de cuidados que necesita Díaz Bessone para estar alojado allí, ya que el represor requería “atención médica, psicológica y terapia ocupacional”, y porque se encontraba “muy angustiado”.

La semana pasada, desde el tribunal le otorgaron nuevamente el beneficio de la prisión domiciliaria, a apenas horas de habérsela quitado por incumplir las condiciones estipuladas para un preso bajo ese régimen.

En respuesta al pedido realizado este martes por Miño, los jueces dispusieron que la audiencia se suspenda hasta el miércoles de la semana que viene. Si bien el tribunal no hizo lugar al pedido del abogado, sí solicitó que le sean remitidos nuevos informes de los médicos de la policía federal, y convocó al cuerpo médico forense de la Corte Suprema de la Nación para que realice una nueva junta médica que analice la salud de Díaz Bessone.

El fiscal de la causa, Gonzalo Stara, planteó una revocatoria a la decisión del tribunal de suspender la audiencia, por entender que Miño podía comenzar igual con su alegato, ya que no se requiere la presencia de Díaz Bessone para esta instancia, por no ser “un acto personalísmo”. Pero los magistrados no le hicieron lugar.

En contacto con este medio, Stara informó que “el viernes pasado pude ver que Díaz Bessone puede soportar un proceso, ya que estuve presente en el domicilio del imputado en el marco de una indagatoria que prestó a la justicia federal de Paraná y que se hizo en su casa”.

El fiscal recordó además que Díaz Bessone ya “fue dado de alta por el Hospital Militar" de Buenos Aires, en el que estuvo durante enero.

Antes del revuelo armado por Miño, al inicio de la audiencia de este martes, había concluido su alegato el abogado de oficio del ex detenido político acusado de “colaboracionista”, Ricardo El Cady Chomicky, quien solicitó la absolución de su defendido.

En el proceso son juzgados además Díaz Bessone y Chomicky, los ex policías José Rubén Lofiego, Mario Marcote, Ramón Rito Vergara y José Carlos Scortechini.

A lo largo de un año y medio largo de audiencias, el TOF escuchó a más de un centenar de testigos que estuvieron alojados en la mayor centro de detención que funcionó en el Servicio de Inteligencia (SI) de la policía de Rosario durante la dictadura, y por el que se estima pasaron cerca de 2.000 personas.

La fiscalía y las querellas de HIJOS, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y Familiares, coincidieron en solicitar prisión perpetua para Díaz Bessone y Lofiego, y 25 años de reclusión para Marcote, Vergara y Scorteccini, por privación ilegítima de la libertad, aplicación de tormentos y asociación ilícita. Mientras que la Liga Argentina por los Derechos del Hombre incluyó en esa última lista al Cady. En el caso de Chomicky la fiscalía pidió su absolución.
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