miércoles, agosto 10, 2011

HIJOS solicitó prisión perpetua para Díaz Bessone

La querella de HIJOS concluyó este miércoles con su alegato en el juicio a la patota de la dictadura que actuó en el Servicio de Informaciones (SI) de la policía de Rosario. Albaro Baella, abogado de la organización, requirió la pena de prisión perpetua para el ex general Díaz Bessone y veinticinco años de cárcel para los cuatro policías imputados.

El Tribunal Oral Federal N°2 de Rosario, integrado por los jueces Otmar Paulucci, Beatriz Caballero de Barabani y Jorge Venegas Echagüe, escuchó la acusación de los abogados y militantes de HIJOS, que también fue seguido por buena parte de las víctimas y sus familiares, que se llegaron a la sala de audiencias.

En primer término, abrió la audiencia la abogada Nadia Schujman, para terminar de desarrollar el último de los seis casos que representan los letrados de HIJOS. “Con la verdad sobra para condenar a los imputados”, dijo Schujman a los jueces tras concluir con el relato de los hechos sufridos por la ex detenida Cármen Lucero –quien tenía sólo 16 años cuando fue secuestrada–.

Luego tomó la palabra el otro letrado de HIJOS, Álvaro Baella, quien subrayó todo lo que dijeron los sobrevivientes del centro clandestino de detención que funcionó en el SI sobre cada uno de los imputados, y extrajo de los testimonios de los más de 150 testigos, los dichos que confirmaron lo declarado en el juicio por los querellantes que representa HIJOS.

Con relación el delito de privación ilegítima de la libertad, desde HIJOS hicieron un planteo novedoso, al señalar que ese delito duró todo el tiempo que estuvieron detenidos los querellantes que representan, aún el tiempo que permanecieron en calidad de “blanqueados” (es decir puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional). Baella explicó que esa detención “era un engranaje más dentro del plan sistemático” trazado por el terrorismo de estado.

Baella hizo un desarrollo sobre cómo las Fuerzas Armadas construyeron la idea de “enemigo”, y lo amplio que podía ser ese concepto. Para ejemplificar dicha construcción recordó palabras del imputado Díaz Bessone en una entrevista con la periodista francesa, Marie Monique Robin. El abogado de HIJOS recordó los dichos del militar, quien aseguró que el enemigo podía estar en todos lados: “atendiendo un comercio, asistiendo a clases en la universidad o en colegios, enseñando como profesores. Puede ser un abogado, un ingeniero, un médico, un trabajador, un obrero”, leyó Baella, para recordar las palabras de Díaz Bessone.

El letrado también trajo a la luz el documento conocido como informe Sotera –construido por Ejército y Policía–, en el que constaban como blanco, buena parte de las víctimas de esta causa.

Luego de ese planteo, Baella argumentó por qué los delitos cometidos en el SI, deben ser considerados en el marco de un genocidio, y definió –citando al autor Daniel Feierstein– a la práctica genocida como “aquella tecnología de poder cuyo objetivo radica en la destrucción de las relaciones sociales de autonomía y cooperación y de la identidad de una sociedad, por medio del aniquilamiento, para el establecimiento de nuevas relaciones sociales y modelos identitarios”.

El abogado de HIJOS remarcó algunas cuestiones que el tribunal no podía dejar de tener en cuenta a la hora de evaluar los hechos juzgados. “Solicitamos –dijo Baella– que se tome en cuenta el carácter de crímenes de lesa humanidad de los delitos que se juzgan; la gravedad de los hechos descriptos y la intensidad del padecimiento de las víctimas, padecimiento que todos hemos percibido del relato de los sobrevivientes aquí en esta sala, con la proximidad propia del lugar desde donde declararon; cualquier palabra que pronuncie sobre ese sufrimiento va a empequeñecer la magnitud de los relatos”.

También destacó Baella a los jueces, que “deben considerarse la sistematicidad de la prácticas llevadas adelante por los acusados; los delitos sexuales perpetrados contra las víctimas, la amenaza constante respecto a la suerte de los familiares de los detenidos, que a veces llegaba al punto de hacerles creer que los tenían también detenidos o hacerles escuchar el llanto de un bebe refiriendo que era su hijo, o incluso ponerles frente a su hijo, madre u otro familiar que habían capturado”.

“La desaparición forzada de Miriam Moro y Roberto De Vicenzo y el ocultamiento del cadáver de los asesinados por tanto tiempo, coloca a los imputados, que tengo a mi diestra, en la negación de la humanidad misma, ya que privar a las familias (como se intentó hacer con el caso de Miriam Moro y Roberto De Vicenzo), de los ritos funerarios, manteniéndolos en un estado de incertidumbre constante, coloca a quien determina ese hecho, en un estado previo a la civilización”, afirmó el letrado.

Finalmente, Baella pasó al pedido de pena en el que solicitó prisión perpetua para Díaz Bessone y veinticinco años de cárcel para los policías José Rubén Lofiego, Mario Marcote, José Carlos Scortechini y Ramón Rito Vergara.

Al igual que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, HIJOS no requirió por el ex detenido acusado de colaboracionista, Ricardo Miguel Chomicki.

Al término de la exposición de HIJOS, otra de las abogadas querellantes, Gabriela Durruti, solicitó comenzar con su alegato la próxima jornada. Desde el tribunal informaron que se retomarán las audiencias el lunes 15 de agosto a las 9.30.

Triste solitario


Un episodio imprevisto se suscitó en medio de la audiencia, cuando una de las personas del público comenzó a repetir a los gritos que Gonzalo Miño ‒el defensor de Díaz Bessone‒, “está jugando a las cartas”.

Sin entender lo que pasaba, el presidente interino del tribunal, Otmar Paulucci, pidió “orden en la sala” y amenazó incluso con desalojar al público. En ese momento otra de las personas del público también aclaró a los gritos que lo que pasaba es que Miño se encontraba “jugando a los jueguitos en la computadora”.

En un movimiento veloz, Miño cerró su notebook en la que durante las últimas audiencias se la pasa jugando. Hecho que fue tomado como una falta de respeto por los sobrevivientes y familiares de las víctimas del Servicio de Informaciones.

Foto: Graciela Borda
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