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martes, julio 04, 2017

Reclaman el inicio de Feced III


Testigos y querellantes en causas por delitos de lesa humanidad, sobrevivientes de la dictadura, organizaciones de derechos humanos, sociales, gremiales y políticas, nucleadas en el espacio Juicio y Castigo Rosario, exigen que se “ponga fecha al debate oral y público por la causa Feced III”. El proceso había sido suspendido –por segunda vez– a dos días de su inicio, fijado para el 8 de junio pasado.

martes, junio 06, 2017

Comienza Feced III

Este jueves comenzará en Rosario el décimo primer juicio oral y público contra criminales de lesa humanidad. Se trata de la causa Feced III, donde serán juzgados el cura Eugenio Zitelli y trece policías acusados de secuestros, torturas y homicidios cometidos durante la dictadura en el ex Servicio de Informaciones (SI). “La presencia del sacerdote Eugenio Zitelli en el banquillo de los acusados, viene a confirmar el rol de complicidad con el genocidio que tuvo la Iglesia Argentina”, plantearon desde el Espacio Juicio y Castigo en un comunicado de prensa, en el que informaron la realización de una radio abierta para acompañar a los testigos y querellantes ante el inicio del proceso.

Según un informe realizado por el equipo jurídico de la organización Hijos (una de las querellas en la causa), en el juicio se ventilarán 155 casos de violaciones a los derechos humanos, por los que serán juzgados los ex policías santafesinos Carlos Ulpiano Altamirano, Eduardo Dugour, Julio Fermoselle, Héctor Gianola, Daniel González, Ramón Ibarra, José Rubén Lo Fiego, Mario Alfredo Marcote, Lucio César Nast, Ovidio Olazagoitía, José Carlos Scortechini, Ernesto Vallejo, Ramón Vergara y el sacerdote Eugenio Zitelli.

Los acusados participaron del circuito represivo que tuvo como eje el SI, el mayor centro clandestino de detenciones del sur de la provincia de Santa Fe, que funcionó en la ochava de San Lorenzo y Dorrego de la Jefatura de Policía de Rosario, en pleno centro de Rosario.

En el proceso, que llevará adelante el Tribunal Oral Federal 2 de Rosario, se investigarán los delitos de homicidio, privación ilegal libertad, torturas, abuso sexual y asociación ilícita. El tribunal estará integrado por los jueces Lilia Graciela Carnero (Entre Ríos), Francisco Miño (Santa Fe) y Carlos Villafuerte Ruzo (San Nicolás).

Según explicó la abogada de Hijos Rosario, Nadia Schujman, para este juicio “se unificaron varias causas que en un momento tramitaron por separado principalmente porque los acusados formaban parte de un mismo grupo operativo”.

A pesar de ser un megajuicio, Schujman aclaró que “sólo se juzgarán parte de los ilícitos que se investigaron en la etapa de instrucción”, y que “aún quedan pendientes hechos delictivos que tuvieron por víctimas a otras personas, y por responsables a estos mismos imputados y a otros más”.

De los catorce acusados sólo tres no fueron juzgados y condenados en los anteriores debates orales de la causa “Feced”: los policías “Beto” Gianola y “Lagarto” González; y el sacerdote Eugenio Zitelli.

Gianola y González estaban prófugos cuando se realizaron los juicios anteriores, mientras que Zitelli interpuso numerosos recursos que demoraron la llegada de su causa a juicio oral.

Adolfo Villate, fiscal federal que intervendrá en el juicio explicó que de los 155 casos que se ventilarán en el debate oral “80 son casos nuevos, es decir que no han sido juzgados anteriormente”.

Según Villate, “es un juicio que se calcula que va a durar un año y medio o dos” y que cuenta con unos 300 testigos ofrecidos por las partes.

Desde la querella representada por el equipo jurídico de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), destacaron que las audiencias orales de la megacausa (que ya tuvo dos sentencias en Feced I y II) “han permitido reconstruir como nunca antes el mapa de la represión ilegal en Rosario y zona”.

“En este juicio en particular la APDH se propone fundamentalmente establecer las responsabilidades civiles en torno a quienes saquearon la Biblioteca Popular Constancio C. Vigil”, refirieron desde la organización, para remarcar que entre los casos investigados se incluyen los crímenes cometidos contra integrantes de la prestigiosa entidad de barrio Tablada, que fuera intervenida durante la última dictadura.

El cura Zitelli estará en el baquillo de los acusados. Foto: Juane Basso.

Un de los datos sobresalientes del juicio es que será juzgado por primera vez en Rosario un representante del clero. “La presencia del sacerdote Eugenio Zitelli en el banquillo de los acusados, viene a confirmar el rol de complicidad con el genocidio que tuvo la cúpula de la iglesia Argentina”, plantearon desde el Espacio Juicio y Castigo en un comunicado de prensa.

“La iglesia acompañó no sólo a la junta militar desde su cúpula, sino que aportó un capellán en cada unidad de ejército e incluso en los centros clandestinos de detención como ocurrió con Zitelli en el ex Servicio de Informaciones de la Policía de Rosario”, añadieron las organizaciones de derechos humanos.

A través de su comunicado, las organizaciones de derechos humanos de la ciudad y los diversos movimientos sociales, gremiales, estudiantiles y políticos, que integran el espacio Juicio y Castigo, convocaron a “participar del juicio y acompañar a los testigos y querellantes”.

Las organizaciones llamaron “a participar desde las 9 en el inicio de la audiencia y luego al mediodía de una radio abierta en la que se escuchará la palabra, entre otros, de referentes de derechos humanos y sobrevivientes de la dictadura”.

viernes, mayo 12, 2017

Sentencia Guerrieri III: Los genocidas en la cárcel, el pueblo en las calles


El Tribunal Oral Federal 1 de Rosario condenó a prisión perpetua a los diez acusados en el juicio de la causa Guerrieri III: cinco militares y cinco PCI retirados. El espía civil Rodolfo Isach fue sancionado por primera vez. Familiares y sobrevivientes valoraron el fallo y la masividad de la movilización del miércoles para repudiar a la Corte Suprema.

Por Luciano Couso

A pesar de los esfuerzos oficiales por volver a impunizar a los autores de delitos contra la humanidad cometidos desde el Estado terrorista hace cuatro décadas, el proceso de juicio y castigo que la democracia argentina recién puedo reabrir a principios de este siglo continúa su lenta marcha. Con el eco del injusto fallo de la Corte Suprema que otorgó el beneficio del derogado cómputo del 2x1 a un represor condenado todavía resonando, el Tribunal Oral Federal en lo Criminal 1 (TOFC) de Rosario condenó este viernes 12 de mayo a prisión perpetua en cárcel común a los diez acusados por 47 casos de delitos como privación ilegal de la libertad, aplicación de tormentos y homicidios, cometidos en el circuito represivo bajo la operación del Destacamento de Inteligencia 121, cuyo máximo jerarca con vida es el coronel retirado Pascual Oscar Guerrieri.
Los jueces José María Escobar Cello, María Ivón Vella y Luciano Lauría, que integraron excepcionalmente el TOFC 1 de Rosario, condenaron a reclusión perpetua –más inhabilitación absoluta y perpetua– a Guerrieri y sus camaradas de arma –también retirados– Juan Daniel Amelong, Alberto Enrique Pelliza, Jorge Fariña y Marino Héctor González.
Igual condena recibieron los ex Personal Civil de Inteligencia (PCI) que cumplieron funciones bajos las órdenes de Guerrieri, Eduardo Costanzo, Walter Pagano, Ariel López, Juan Andrés Cabrera y Rodolfo Daniel Isach.
Isach, policía retirado, era el único de los diez acusados que aún no había llegado a juicio, porque estuvo prófugo durante tres años. Pero ni el cambio lo salvó.

Celebración

Amontonados bajo el hall de ingreso a los Tribunales Federales de bulevar Oroño por la lluvia, los familiares, sobrevivientes e integrantes de organismos defensores de los derechos humanos esperaron con ansiedad la lectura de la sentencia, prevista para las 12.30 del viernes. El tribunal la demoró durante una hora, hasta que finalmente se leyó el veredicto condenatorio, celebrado con aplausos y gritos.
“Estamos muy contentos, porque en esta semana ganamos todas las batallas”, dijo la abogada del equipo jurídico de HIJOS Rosario, Nadia Schujman, querellante particular en el juicio oral de Guerrieri III.
“Llenamos todas las calles del país, frenamos el fallo de la Corte y metimos diez perpetuas, ¡pedimos diez perpetuas y tuvimos diez perpetuas!”, gritó Schujman.
“Es para festejar pero no para dormirnos en los laureles, porque el lunes la pelea sigue”, consideró la abogada. “Evidentemente este gobierno siempre va a querer poner en jaque nuestras conquistas, siempre va a querer amenazar lo que hemos conseguido, por eso siempre tenemos que estar alertas para defenderlo”, advirtió.
Finalmente, dijo que “el resultado de esta sentencia es el producto de la lucha colectiva de cientos, de muchos que no están” y agradeció y homenajeó a “los sobrevivientes y familiares que siguen poniendo el cuerpo para que estos juicios sean posibles”.
Sabrina Gullino Valenzuela Negro, quien recuperó la identidad en 2009 y el destino de sus padres Raquel Negro y Tulio Valenzuela fue analizado en este juicio, celebró “este momento de justicia”. Dijo que “es una sentencia ejemplar, pero por toda la lucha que se viene dando en estos cuarenta años, donde hubo subidas y bajadas, pero el amor de las Madres, de las Abuelas, la tenacidad de mis hermanos, de mis compañeros de HIJOS, y de todos los sobrevivientes que con tanto valor, en momentos en que eran muchos más difíciles que ahora declarar, pudieron ir reconstruyendo lo que hoy son los juicios”.
Además, destacó: “Nuestros pueblo es el que va a poder doblar el destino para poder encontrar a todos los hermanos que nos faltan, saber qué pasó con nuestros padres, que hoy son nuestros compañeros, porque luchamos por su memoria”.
Gullino también se refirió al fallo de la Corte Suprema de Justicia que mediante una amañada interpretación posibilitó la aplicación del drogado beneficio del 2x1 a un represor condenado, y resaltó que las plazas llenas del miércoles 10 le “marcaron la cancha” a los supremos.
“Tenemos que marcarle la cancha también a este gobierno nacional que creyó que nuestro pueblo y nuestra sociedad va a avalar la impunidad. Y lo que pasó el miércoles fue un antes y un después, y esta sentencia demuestra que no van a poder hacer lo que ellos quieren”, concluyó.
 
Parte tres

La tercera parte de la causa de denominada “Guerrieri”, que analiza el accionar de la patota del Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario durante la última dictadura cívico-militar, aportó como novedad el juzgamiento, por primera vez, del policía retirado y ex Personal Civil de Inteligencia (PCI) Rodolfo Daniel Isach.
Prófugo desde septiembre de 2009 cuando fue requerido por un tribunal para responder por denuncias de secuestros, tormentos, desapariciones forzadas y homicidios, hasta febrero de 2012 cuando fue descubierto –delatado por un ex– en las playas de Ostende, Isach enfrentó por primera vez la responsabilidad penal por sus actos de hace cuatro décadas.
No fue su breve condición de prófugo la que impidió el juzgamiento de su conducta como espía civil durante el terrorismo de Estado, sino los límites legales establecidos por una democracia condicionada por el filo de las bayonetas.
Esa sencilla y brutal razón puede responder al planteo realizado por el subjefe de los espías, el coronel Guerrieri, durante sus palabras finales en este juicio oral, cuando le planteó al tribunal por qué se perseguía delitos cometidos hace cuatro décadas en vez de enfocar las energías del Poder Judicial en el combate al narcotráfico y otros males actuales, como si ambas cosas fueran excluyentes. No ha sido por la voluntad de las víctimas, justamente.
Guerrieri, por caso, no sólo no fue convocado a los estrados judiciales para responder por su responsabilidad penal –merced a las leyes de punto final y obediencia debida que obturaron por años la vía judicial– sino que se recicló en democracia como asesor del entonces senador nacional Luis Rubeo padre.
De la mano de un sector de la Corte Suprema y del ideario que guía la acción política del gobierno nacional renacen las esperanzas de Guerrieri, opacadas de todos modos por las masivas manifestaciones en todo el país en repudio a un nuevo intento de dotar de impunidad a los criminales de lesa humanidad. Como todo proceso, este también es dinámico, y suerte no está echada de una vez y para siempre.

El circuito

Según se acreditó durante el debate oral, el grupo de tareas comandado por Guerrieri en el Destacamento de Inteligencia 121 –integrado por militares y civiles– tuvo bajo su mando el circuito represivo conformado por los centros clandestinos de detención La Calamita, Quinta de Funes, Escuela Magnasco y La Intermedia, este último un predio sobre la autopista a Santa Fe ubicado a la altura de la estación de servicios YPF de La Ribera, propiedad de la familia Amelong, donde fueron asesinadas parte de las víctimas cuyos casos se ventilaron en el juicio.
Según la investigación del fiscal Adolfo Villate, La Calamita funcionó desde comienzos del golpe de Estado hasta el secuestro del militante comunista Rubén Tito Messiez, a mediados de 1977, cuando otros integrantes de ese partido se entrevistaron en el Segundo Cuerpo de Ejército con el coronel Julián Gazzari Barroso, a quien impusieron que tenían datos acerca de la detención del camarada en un predio de Granadero Baigorria.
Gazzari Barroso tomó nota pero no para interceder por la suerte de Messiez –que permanece desaparecido– sino para “levantar” el chupadero, que ya estaba marcado, entiende el fiscal.
Entre septiembre y diciembre de 1977 comenzó a utilizarse como centro clandestino el predio conocido como Quinta de Funes, alquilado a sus dueños por el coronel Edgardo Alcides Juvenal Pozzi.
Los secuestrados que estuvieron allí –cuyo único sobreviviente fue Jaime Dri, testigo en este juicio– fueron trasladados intempestivamente al año siguiente a la Escuela Magnasco, luego de que fallara el intento del jefe del Segundo Cuerpo, general Leopoldo Fortunato Galtieri, por asesinar en México a la cúpula de Montoneros enviando un detenido en Funes, Edgar Tucho Valenzuela, y dos represores a tenderles una trampa. Conocida como “Operación México”, la frustrada intentona de Galtieri posee una novela y una película.
El fracaso de la operación terminó con una conferencia de prensa de Valenzuela y la cúpula de Montoneros denunciando la existencia del centro clandestino en la Quinta de Funes, lo que obligó al Ejército a levantar también ese chupadero y trasladar a los secuestrados a la Escuela Magnasco, ubicada en la ochava de Zeballos y Ovidio Lagos.
El director del establecimiento educativo, simpatizante de la represión ilegal, cedió las instalaciones durante las vacaciones de verano de 1978. El reinicio de clases obligó a los secuestrados a volver a trasladar a las víctimas, en esta ocasión al centro clandestino La Intermedia, propiedad de la familia Amelong.
Según la investigación, allí fueron asesinadas las víctimas para luego ser trasladadas en un camión hasta el aeropuerto, y tener como destino final –según declaró Costanzo en varias ocasiones– ser arrojados sus cuerpos al mar en los llamados Vuelos de la Muerte.
De acuerdo a los fallos de los anteriores juicios de la causa Guerrieri, “se halla acreditado que los homicidios acaecidos en el centro clandestino de detención La Intermedia fueron ejecutados en una construcción contigua a la casa en donde se alojaban los detenidos, y en presencia de Guerrieri, Amelong y Fariña, que todos los integrantes del grupo de tareas que se encontraban en ese lugar, envolvieron los cuerpos y los cargaron en un camión con destino al aeropuerto”.
Sigue la sentencia: “Que las personas que integraron el grupo de tareas, que se encontraban en el lugar, al momento de cometerse los homicidios y –además de los condenados en la presente causa– fueron: Marino González “Pepe”, el Sargento Mario Vera –chaqueño-, “Armando” o “Cráneo” Juan Andrés, “El Pancho” Silabra, “Aldo” –Ariel López–, “El Puma” –Ariel Zenón Porra–, Juan Carlos Bozzi, Carlos Isach y Rodolfo Isach, identificados por el imputado Eduardo Rodolfo Costanzo. Afirma dicho imputado que las ejecuciones estuvieron a cargo de  Rodolfo Isach”.

Superagente 76

Ingresado al Destacamento de Inteligencia 121 el 1º de diciembre de 1976, al policía provincial Rodolfo Daniel Isach se le asignó el nombre falso de Ricardo Infante.
En las mazmorras de la dictadura, su nombre de guerra fue “Agustín”, según declaró Costanzo y ratificaron al menos tres sobrevivientes de los campos concentracionarios. De acuerdo a su legajo, incorporado a la causa, ostentó la condición de espía civil hasta diciembre de 1978.
Isach fue designado PCI como “agente S”, letra que no posee más misterios que describir la condición de “secreto”. Lo burocracia militar lo asignó en el cuadro C, subcuadro C2, categoría in 14, según su legajo, que cuarenta años después sirvió como prueba de su participación en la inteligencia civil.
Ese documento menciona a Marino González –acusado ahora en la misma causa– quien puede avalar sus “antecedentes morales e ideológicos” requeridos para el trabajo sucio del secuestro, la tortura y los asesinatos clandestinos en los chupaderos de la represión ilegal.
En su legajo también figura una evaluación de sus primeros meses de trabajo como espía civil, en el que el mayor Alberto Scunio lo señala como un “PCI de grandes condiciones” porque “ha satisfecho ampliamente las misiones asignadas”.
En segunda instancia, lo evalúa también el coronel Alfredo Sotera. Isach muestra en todos los rubros puntaje diez. En otra evaluación posterior, según señalaron el fiscal y los querellantes durante el juicio, fue el jefe del Destacamento, el coronel Guerrieri, quien evaluó la tarea de Isach.
Lo consideró, de acuerdo al documento, “versátil, criterioso y subordinado”, una virtud invalorable en la institución castrense, aunque se tratara de un civil. Que, en rigor, era policía. El test de Guerrieri concluye con una alabanza al espía Ricardo Infante: “Es un verdadero agente especial”.
El verdadero agente especial fue condenado por la privación ilegítima de la libertad agravada por su carácter de funcionario público, por haberse cometido con violencias y amenazas y por haber durado más de un mes, en concurso real con el delito de tormentos agravados por aplicarse en contra de perseguidos políticos en treinta y dos oportunidades.
Sus víctimas fueron María Adela Reyna LLoveras; Héctor Pedro Retamar; Eduardo José Toniolli; Jorge Novillo; Teresa Soria de Sklate; Stella Maris Hilbrand de Del Rosso; Liliana Nahs de Bruzzone; Fernando Dante Dussex; Carlos LaInteligencia militar
luf; Marta María Benassi de Laluf; Ana María Gurmendi; Oscar Daniel Capella; Marta María Forestello; Miguel Ángel Tosetti; Jorge Luis Ruffa; Fernando Félix Agüero; Héctor Larrosa; Alberto Barber Caixal; Fernando Rubén Messiez; Emma Buna; Guillermo White; María Luisa Rubinelli; Aníbal Morcabel; Ernesto Víctor Enrique Traverso; Juan Carlos Gesualdo; Rubén Daniel Flores; Jaime Feliciano Dri; Raquel Carolina Ángela Negro; Diego Aníbal Walter Fuhr; Daniel Ángel Luis Fuhr; Carmen Cantalejo y Patricia Beatriz Coria.
También fue condenado, el ex agente Infante, por el secuestro agravado y los tormentos de María Amelia González; Adriana del Huerto Cuaranta; Graciela Inés Zitta; Susana Zitta; Elena Sarnari; Mercedes Domínguez; Francisca Daniela Domínguez; el ex canciller Rafael Bielsa; los hermanos Carlos Alberto y Alejandro Luis Novillo; Eduardo Francisco Ferreyra; Luis Megías; la actual directora del Museo de la Memoria Viviana Nardoni; Laura Esther Repetti y Tucho Valenzuela.
Isach sumó, entre los delitos que desembocaron en su condena, los homicidios calificados por alevosía, por haberse perpetrado con el concurso de dos o más personas y para procurar la impunidad para sí y para otro, en veinticuatro oportunidades, cuyas víctimas fueron Guillermo White; Jorge Luis Ruffa; Juan Carlos Gesualdo; Tito Messiez; Alberto Barber Caixal; Héctor Larrosa; Ernesto Traverso; Aníbal Morcabel; Rubén Flores; Marta Benassi; Daniel Oscar Capella; Fernando Dussex; Ana María Gurmendi; Stella Hilbrand de Del Rosso; Carlos Laluf; María LLoveras; Jorge Novillo; Pedro Retamar; Teresa Soria de Sklate; Eduardo José Toniolli; Miguel Ángel Tosetti; Marta María Forestello; Liliana Nahs de Bruzone y Fernando Agüero.


Inteligencia militar

Al igual que Isach, los restantes nueve condenados –que ya poseían sentencias en juicios anteriores, también por delitos de lesa humanidad– fueron integrantes de la Inteligencia del Ejército, cuyo rol fue considerado central en el plan de exterminio diseñado por las Fuerzas Armadas en beneficio de las clases dominantes, que pretendían reformatear las estructuras económicas vigentes hasta mediados de los 70, intolerables para el poder financiero.
En su requerimiento de elevación a juicio de Guerrieri III, el fiscal Villate señaló que “en todas las directivas y órdenes que han sido citadas (dictadas por las Fuerzas Armadas) se prioriza la labor de inteligencia, por ejemplo en el punto 5.024 del R.C. 9-1 del Ejército, «Operaciones contra elementos subversivos », el que establece que las actividades de inteligencia adquirirán una importancia capital, pues son las que posibilitarán «la individualización de los elementos subversivos y su eliminación »”.
Recordó el fiscal que en una anterior sentencia del tribunal, destacó el rol de “la  inteligencia  como  resultado de un proceso de análisis de la información obtenida de la fuente  –fundamentalmente  de  los  interrogatorios  bajo  coacción– fue  la  pieza  clave  alrededor de la cual se estructuró el plan de aniquilación del opositor político”.
Y sigue: “No es casual entonces que fueran seleccionados  individuos, no por fuerza del azar sino en virtud de sus legajos y perfiles específicos (con experiencia, entrenamiento o especialización en dicha área de inteligencia), a fin de que fueran capaces de detener o secuestrar personas, interrogarlas  mediante golpizas, vejámenes, torturas y amenazas de todo tipo y,  llegado el caso, acabar incluso con sus vidas”.
Los expertos militares en esos delitos, Guerrieri, Amelong, Fariña, González y Pelliza, y los menos preparados formalmente pero reclutados como espías civiles por sus virtudes criminales, Isach, Costanzo, Pagano, López y Cabrera, fueron condenados a prisión perpetua a cumplir en cárcel común, pese a los esfuerzos oficiales por garantizarle una cálida vejez en sus domicilios a los viejos empleados del poder económico que hoy gobierna el país.

Foto 1: Andrés Macera

Foto 2: Franco Trovato Fuoco

sábado, abril 22, 2017

Guerrieri III: Se va la tercera


La fiscalía y las querellas de la agrupación Hijos y de la Secretaría de Derechos Humanos pidieron penas de prisión perpetua para los diez acusados en el juicio “Guerrieri III”, por delitos de lesa humanidad. Sólo el ex PCI y policía provincial, Rodolfo Isach, no tiene condenas previas por los crímenes de la dictadura. El espía designado con el seudónimo de Ricardo Infante estuvo prófugo en una playa entre 2009 y 2012.

Por Luciano Couso
Prisión perpetua con prisión efectiva en el marco de un genocidio. Ese fue el pedido de pena en el que coincidieron el titular de la Unidad Fiscal de asistencia en causas de lesa humanidad, Adolfo Villate; la abogada del equipo jurídico de Hijos y querellante particular Nadia Schujman y el patrocinante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Santiago Bereciartúa, durante sus alegato en el juicio oral de la causa “Guerrieri III”, en la que son juzgados diez acusados –entre militares retirados y espías civiles– que cumplieron funciones represivas en el Destacamento de Inteligencia 121 durante la última dictadura.
La patota de Guerrieri está imputada y procesada, en ese debate oral, por homicidio, privación ilegítima de la libertad, tormentos, desaparición forzada de persona y el delito internacional de genocidio. Todos ellos calificados como crímenes de lesa humanidad.
Villate concluyó su alegato el jueves 20 de abril con el pedido de penas ante los jueces del Tribunal Oral Federal N°1 (TOF1). El fiscal entendió, luego de precisar la responsabilidad penal de cada uno de los acusados y fundamentarla, que a los diez imputados les cabe la pena de reclusión perpetua.
Los delitos achacados, según el fiscal, se cometieron con el agravante de ser las víctimas perseguidos políticos. Un día después, en un alegato conjunto, Schujman y Bereciartúa solicitaron igual pena para los diez acusados.
La abogada de Hijos sostuvo ante el tribunal que es difícil escoger las palabras para iniciar el alegato, atento a que es la tercera parte de una misma causa. Pero, enfatizó, “cada víctima, cada vida arrasada merece justicia, merece que ustedes se pronuncien sobre los hechos aquí ventilados, y cada verdugo debe recibir una pena por los delitos cometidos”.
En este juicio, la tercera parte que llega a proceso oral de la causa denominada Guerrieri, se analizaron los casos de 47 víctimas del Terrorismo de Estado de los cuales 24 aún permanecen desaparecidas.
De las 47 víctimas, según precisó el fiscal Villate durante el alegato, 39 tenían entre 16 y 35 años al momento de ser secuestradas por el grupo operativo que estaba a cargo del circuito represivo formado por cinco centros clandestinos de detención.
Eran militantes políticos que enfrentaban a la dictadura, cuyo principal objetivo, como admitió en un anterior proceso oral uno de los imputados, era modificar la estructura económica del país para colocarla al servicio de la especulación financiera y los capitales internacionales.
Así lo planteó Schujman en su alegato: “No podemos dejar de destacar que los delitos juzgados en este juicio son de lesa humanidad pero también de lesa patria (porque) fueron cometidos con el objetivo de rediseñar la economía de nuestro país, para servir a intereses ajenos a nuestro pueblo”.
Los diez acusados por los que el fiscal y las querellas pidieron reclusión perpetua son los militares retirados Pascual Guerrieri; Marino Héctor González; Alberto Pelliza; Jorge Fariña y Juan Amelong, todos integrantes del Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario, organismo militar dependiente del Segundo Cuerpo de Ejército –comandado primero por Ramón Díaz Bessone y luego por Leopoldo Galtieri, hasta 1979)– y bajo cuyas órdenes operacionales se encontraba la Policía provincial.
Los restantes cinco imputados en el juicio formaron parte de la trama de espías civiles montada por la Inteligencia militar: Walter Pagano; Eduardo Costanzo, Ariel López; Juan Andrés Cabrera y Rodolfo Daniel Isach.

El caso de Ricardo Infante

Si bien los cinco fueron Personal Civil de Inteligencia (PCI), Isach también integraba en aquel momento la policía de Rosario.
De los diez acusados, Rodolfo Isach es el único que aún no fue condenado por su presunta responsabilidad en los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en el circuito represivo comandado por la Sección Operaciones Especiales del Destacamento de Inteligencia.
En los anteriores juicios denominados “Guerrieri” se dio por probado que tanto los integrantes militares como los civiles de esa sección conformaron un grupo de tareas, recordó el fiscal en su alegato.
Pero Isach se mantuvo prófugo entre septiembre de 2009 –cuando la Justicia solicitó su captura– y febrero de 2012, cuando fue apresado en la localidad balnearia de Ostende, en la provincia de Buenos Aires. Por esa razón, nunca había sido juzgado. Quien aportó el dato para interrumpir su vida de prófugo con vista al mar fue su consorte de causa en este juicio, el Tucu Costanzo, cuyo interés no radica en proporcionarles una reparación judicial a las víctimas sino en no ser el único otario que pague por los crímenes que cometieron todos.
Por su condición de prófugo, la conducta de Isach no fue evaluada durante los anteriores juicios orales de la causa Guerrieri. Ahora le llegó el turno.
Nacido el 29 de julio de 1947 en la localidad de Cepeda, Santa Fe, Rodolfo Isach se convirtió en policía. Según los registros incorporados a la causa, el 1º de diciembre de 1976 –ocho meses después del golpe de Estado- se incorporó a la estructura de espías del Destacamento 121 de Rosario como PCI, cargo que ostentó formalmente hasta el 1º de enero de 1978.
El seudónimo escogido para la doble vida fue, según los registros históricos, Ricardo Infante. Pero en los chupaderos de la represión, sus víctimas lo conocieron por el nombre de guerra “Agustín”.
Fue el mismo sobrenombre que, en su declaración indagatoria, proporcionó Costanzo para señalar a Isach como integrante de la patota de Guerrieri, que operaba al margen de las actividades legales del Destacamento.

Agente especial

Isach fue designado PCI como “agente S”, letra que no posee más misterios que describir la condición de “secreto”. Lo burocracia militar lo asignó en el cuadro C, subcuadro C2, categoría in 14, según su legajo, que cuarenta años después sirve como prueba de su integración de la inteligencia civil.
Ese documento menciona a Marino González –acusado ahora en la misma causa– quien puede avalar sus “antecedentes morales e ideológicos” requeridos para el trabajo sucio del secuestro, la tortura y los asesinatos clandestinos en los chupaderos de la represión ilegal.
En su legajo también figura una evaluación de sus primeros meses de trabajo como espía civil, en el que el mayor Alberto Scunio lo señala como un “PCI de grandes condiciones” porque “ha satisfecho ampliamente las misiones asignadas”. En segunda instancia, lo evalúa también el coronel Alfredo Sotera. Isach muestra en todos los rubros puntaje diez. Un servicio muy aplicado.
En otra evaluación posterior, según señalaron el fiscal y los querellantes durante el juicio, fue el jefe del Destacamento, el coronel Guerrieri, quien evaluó la tarea de Isach.
Lo consideró, de acuerdo al documento, “versátil, criterioso y subordinado”, una virtud invalorable en la institución castrense, aunque se tratara de un civil. Que, en rigor, era policía. El test de Guerrieri concluye con una alabanza al espía Ricardo Infante: “Es un  verdadero agente especial”.
Lo que en aquel momento pudo haber sido una caricia a su ego, y un mérito en la foja de servicio, hoy constituye un salvavidas de plomo. Rodolfo Isach, señalan los documentos, fue felicitado en dos ocasiones por su accionar contra “extremistas”.
Costanzo declaró que era quien se encargaba de los fusilamientos de los militantes secuestrados en el centro clandestino de detenciones “La Intermedia”.
Tres víctimas de la represión que sobrevivieron al terrorismo de Estado señalaron la presencia de un tal “Agustín” entre los represores de la patota de Guerrieri. Los testimonios de Adriana Arce, María Luisa Rubinelli y María Amelia González lo ubicaron en los centros clandestinos que operó el grupo de tareas. Que fueron cinco: La Intermedia, la Quinta de Funes, La Calamita, la Escuela Magnasco y la Fábrica Militar Domingo Matheu (edificio que actualmente ocupa la Jefatura de Policía de Rosario). Los casos de detenidos-desaparecidos en el último centro clandestino mencionado no forman parte del juicio oral Guerrieri III.

Condenados

Los demás acusados ya fueron condenados en los anteriores procesos orales de la causa Guerrieri, expediente que lleva el nombre de quien fuera el jefe del Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario.
Marino González, por entonces capitán del Ejército y cuyo nombre de guerra era “Pepe”, ocupó la jefatura de la Sección A del Destacamento.
Pelliza, Fariña y Amelong eran oficiales que integraron la patota de Guerrieri y también están acusados por secuestros, torturas, desaparición forzada y homicidios.
La misma situación comparte con los ex PCI imputados en el caso, a excepción, como se dijo, del policía Isach, quien durante la recuperación democrática fue comisario en la ciudad de San Lorenzo.
En el proceso se analizaron los casos de los desaparecidos Jorge Horacio Novillo, Eduardo José Toniolli, Stella Hillbrand De Del Rosso, Carlos Laluf, Marta María Benassi, Miguel Ángel Tosetti, Oscar Capella, Ana María Gurmendi, Fernando Dante Dussex, Héctor Pedro Retamar, María Adela Reyna Lloveras, Teresa Soria De Sklate, Raquel Negro, Marta Forestello, Liliana Nahs De Bruzzone, Alberto Barber Caixal, Fernando Messiez, Aníbal Morcabel, Héctor Larrosa, Ernesto Traverso, Guillermo White, Fernando Agüero, Rubén Flores, Edgar Tulio Valenzuela y Jorge Luis Ruffa –sus restos fueron identificados–.
También se imputa a los acusados los secuestros, privaciones ilegales de la libertad y tormentos de los ex detenidos y sobrevivientes Jaime Dri, los hermanos Carlos y Alejandro Novillo, Graciela Zitta, Susana Zitta, Emma Stella Buna, Rafael Bielsa, Carmen Cantalejo, Patricia Coria, Francisca Domínguez, Mercedes Domínguez, Eduardo Francisco Ferreyra, Daniel Fuhr, Diego Fuhr, Juan Carlos Gesualdo, María Amelia González, Luis Megias, Viviana Nardoni, Adriana Quaranta, Laura Repetti, María Luisa Rubinelli y Elena Sarnari.

Para el represor, domiciliaria

A menos de un año de recibir una condena a prisión perpetua como autor mediato del secuestro, torturas y asesinato de dos militantes peronistas durante el final de la última dictadura, el militar retirado Luis Américo Muñoz obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria, que cumplirá en su vivienda de calle Lavalle al 300 de la ciudad de San Luis.
Muñoz obtuvo el beneficio por parte de la Cámara Nacional de Casación Penal, al que llegó por una apelación contra la resolución de la Cámara Federal de Rosario, que le había denegado el pedido de prisión domiciliaria.
En mayo del año pasado fue condenado, junto al ex comisario Luis Abelardo Patti y otros dos represores, a prisión perpetua como autor mediato de los homicidios de los militantes montoneros Osvaldo Agustín Cambiaso y Eduardo Pereyra Rossi, secuestrados del bar Magnum de Rosario en mayo de 1983 y asesinados a tiros en un camino rural de la localidad bonaerense de Lima, previa aplicación de tormentos.  
Muñoz era el segundo jefe del Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario en aquellos años. También fue condenado su jefe, Oscar Guerrieri.
Mientras el gobierno nacional debate una baja en la edad de imputabilidad de los menores y las restricciones de las salidas transitorias de condenados por algunos tipos de delitos, quienes cometieron crímenes contra la humanidad en el marco del terrorismo de Estado, vuelven a descansar a casa.

Foto: Andrés Macera.


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