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jueves, febrero 16, 2017

La Casita de Santa Fe: Una historia familiar que es la de un pueblo


Foto: Andrés Macera.



Por Alfredo Montenegro. Ante el tribunal santafesino, Juane Basso Feresin reconstruyó la memoria de uno de los treinta mil militantes que luchaban por un proyecto revolucionario. “Llegamos al juicio, y seguiremos reclamando saber la verdad, dónde están los desaparecidos, esos treinta mil que buscaban un país construido desde la justicia social. Era el proyecto para democratizar el poder y la economía”, indicó Juane Basso Feresin al declarar en la causa que investiga el homicidio de su padre, el militante montonero Emilio Feresin, y el secuestro y tortura de trece personas que fueron vistas en el centro clandestino La Casita, en Santa Fe.

En un contundente y emotivo relato, el militante de Hijos Rosario, no sólo contó la historia de su padre, madre y familia, sino que marcó el proyecto político económico que desató el terrorismo de Estado impuesto por la dictadura cívico militar y reivindicó el compromiso de los treinta mil desaparecidos y de ese país con justicia social por el que lucharon. “No es sólo una historia familiar, es la de nuestro pueblo, también”, subrayó.
En los tribunales federales de la capital santafesina, el juicio oral y público contra cinco represores acusados de cometer crímenes de lesa humanidad, abarca al ex juez federal santafesino (entonces secretario penal) Víctor Hermes Brusa; el ex jefe de la Guardia de Infantería Reforzada (GIR) y coordinador del Área de Defensa 212, Juan Calixto Perizzotti; el ex comisario de la seccional 4ª de Policía, Ricardo Ferreyra; el ex ayudante del Departamento de Informaciones Policiales (D-2), Eduardo Ramos, y la ex escribiente de la GIR María Eva Aebi.

El compromiso de aquellos militantes

“Me parece importante resaltar que los desaparecidos asumieron un compromiso y a veces se dicen cosas como de estos imputados que tienen el tupé de embanderarse con la celeste y blanca cuando reprimieron e hicieron desaparecer a mi padre y a otros treinta mil compañeros para poner a nuestra Nación de rodillas frente a los poderes económicos internacionales. Por eso quiero remarcar quienes eran esos hombres y mujeres que lucharon”, resaltó el también periodista de este semanario.
Su mamá, María Eugenia Saint Girons, fue detenida el 11 de febrero de 1977 y lo dio a luz en una de las salas de parto del hospital San Roque de Paraná. Luego fue trasladada y sometida a tormentos en la Unidad Penal N°1. Saint Giron era pareja de Emilio Feresin, secuestrado en Santa Fe el día anterior junto al primo hermano de María Eugenia, el también desaparecido Guillermo White.
Feresin, “El Príncipe” o “Pablo”, era responsable de Montoneros en el oeste del Gran Buenos Aires. Sobre su detención, recuerda su hijo Juane: “Me contaron que venía a Santa Fe Daniel Gatti, quien había estado con mi papá en el centro de detención La Casita, en las afueras de Santa Fe”. Gatti ‒ya fallecido– declaró en el Juzgado Federal que estando secuestrado en La Casita escuchó morir allí en marzo de 1977 a Feresin, durante una sesión de torturas. Gatti venía del sur y quería conocer a Juane, se juntaron y hablaron sobre aquellos días.
Sobre el relato rescatado, Basso indica que esas historias “fueron reconstruidas por la memoria colectiva, por aportes de tantos compañeros que colaboraron para llegar a la verdad, que aún nos debe la justicia”.
También testigos de esos días contaban que al bebé lo habían tomado de los tobillos y lo sostenían en el aire para que, ante esa situación, María Eugenia contestara los interrogatorios. Indica Juane que esos episodios, además, le eran contados a su padre para que sufriera más.
Su madre estuvo junto a él en la cárcel unos 6 meses, y su acta de nacimiento indica que fue parido en la Unidad 6 de Paraná, donde ella permaneció en cautiverio ilegal hasta ser trasladada a la cárcel de Devoto, donde siguió como presa política durante seis años.

El buen compañero

En la audiencia, la abogada de Hijos y compañera de Juane, Nadia Schujman, le indicó que contara quién era su padre. Entonces, en su declaración, seguida en silencio y emoción por sus familiares y compañeros que llenaron la sala de audiencias en el tribunal federal de la capital provincial, remarcó que “para no ideologizar mucho, traje una carta que escribió mi madre desde la prisión de Paraná, cuando estuvimos juntos unos seis meses”. “En ese contexto de su detención, como tantas mujeres que estuvieron detenidas, algo que hizo fue escribir cartas, muchísimas. Algunas con dibujos, que también eran censuradas, como los regalitos de cumpleaños”, explicó
“En una carta –agregó Juane– trataba de contarme cosas de mi padre. En un fragmento, dice: «Hola mi amor, chinito. Te voy a contar una anécdota del papi, ya que el año que viene empezarás el jardín. Resulta que cuando tu papá empezó la escuela tenía un compañerito que era muy tímido y al que le costaba mucho aprender lo que le enseñaban, la maestra vio que Emilio lo ayudaba en la clase y lo protegía ante otros amiguitos que a veces le hacían burla. Entonces la maestra los sentó juntos. Así era tu papá: siempre muy buen alumno y muy buen amigo», este es uno de los pocos recuerdos que tengo de él”.
También destacó el gran apoyo de la gran familia materna, la larga lucha por la identidad, el rescate del apellido Feresin y la nueva experiencia de vivir con la nueva familia que forma su madre, junto a Hugo Basso y los hermanos que llegaron.
“En mi familia, la militancia, la política y la historia del país estaba presente. Por eso empecé la facultad y sabía que iba a militar. En octubre del 95 comencé a participar en la organización Hijos de Rosario, que se había formado a nivel nacional unos meses antes”, señaló Juane. “Allí nos juntamos y organizamos para reivindicar esa generación de compañeros militantes que fueron nuestros los treinta mil. Somos continuadores de esa lucha y de la de las Madres y las Abuelas. Reconocimos a esa generación como referentes de un proceso político revolucionario”, agregó.

Foto: Andrés Macera.

viernes, febrero 03, 2017

Guerrieri III: Reinicio del juicio


Se reinició este viernes el proceso conocido como Causa Guerrieri III, en el que se investigan 47 crímenes de lesa humanidad cometidos por diez ex integrantes del Destacamento 121 de Inteligencia del Ejército. Las audiencias públicas podrán presenciarse jueves y viernes a partir de las 9.30.

jueves, febrero 02, 2017

La Casita de Santa Fe: De la apología del delito al resguardo de la identidad


Un puñado de defensores de genocidas se presentó en Santa Fe. Foto: Andrés Macera.


Por Alfredo Montenegro. “Somos familiares de víctimas del terrorismo”, afirmaba Guillermo Morales, abogado penalista, hijo del militar Domingo Morales, condenado en 2015 en el marco de un juicio por la apropiación de una hija de desaparecidos. El letrado fue uno del grupo de familiares de represores que se presentó en las veredas de los tribunales de Santa Fe, cuando el jueves último comenzó la causa en la que se investiga los secuestros y torturas de trece personas y el homicidio del militante montonero Emilio Feresin.

“También soy defensor de personas que están imputadas por los mal llamados juicios de lesa humanidad”, indicó el polémico abogado. Al ser consultado sobre porqué decía que eran «mal llamados de lesa humanidad» a los presentes juicios, indicó: “Porque se creó una categoría de juicios que no estaban incorporadas al derecho en el momento que ocurrieron los hechos. Se incorporó en 1994 cuando se modificó la Constitución nacional, pero la ley penal es irretroactiva”.
En su afán por defender lo indefendible, agregó que ya había “una ley de amnistía, la de punto final, obediencia debida y el indulto otorgado por Menem”. Admitió que el indulto perdona la pena, no la borra, pero añadió que “es una facultad del Poder Ejecutivo Nacional y si luego el Congreso deroga un indulto, no se respetan las instituciones”.
También se mostró molesto al señalar que se modificó la constitución luego de ocurridos los hechos. “En 1984, cuando se hizo el juicio a las Juntas de los comandantes, no lo juzgaron por delito de lesa humanidad, sino por delitos comunes. Pero ahora, sus subalternos se los juzga por delitos de lesa humanidad y se les impone penas muy superiores que las dadas a los comandantes”, dijo.
El abogado remarcó que: “este es el tercer juicio que se hace sobre la causa Brussa, es un nuevo desprendimiento de ella, los imputados son los mismos y se juzgan hechos supuestamente ocurridos en un lugar que llaman La Casita, pero ese lugar no se encontró nunca, no hay registros de su existencia y no lo pudieron ubicar”.
Al ser consultados sobre los testimonios de quienes fueron llevados allí, y que afirman que Feresin pasó por ese inmueble, intenta argumentar: “Dicen que estaba ahí, pero cómo lo comprueban”.
Además criticó que las “las mismas personas que testimoniaron en las otras causas, hoy se presentan como víctimas”. En ese sentido argumentó, algo confundido, que “no hay credibilidad si de una persona que hoy aparece como testigo, mañana lo hace como víctima”.
Y resaltó: “Hay testigos que dicen que reconocían a sus captores por el color de los zapatos, el olor de su perfume”. Al remarcarle que había captores, torturadores y represores, deslindó responsabilidades y señalo que “yo tenía 3 años cuando ocurrieron esos hechos y no reivindico lo que pasó de un lado o del otro”.
Cuando se la señaló que fue un hecho histórico, aunque no lo haya vivido, no respondió. Y agregó: “¿Por qué no lo juzgan a ellos que también cometieron atentados?”, admitiendo que realizaron ataques. También se le indicó que el grupo de familiares de los represores estaban escondidos y no abrieron causas, se refirió a una nota realizada en el programa televisivo Intratables, por Victoria Villaroel, una investigadora de las víctimas del terrorismo, hace años que busca que se hagan estos juicios”.
Entre poco más de una decena de familiares de represores, junto al abogado, repartían volantes, a unos veinte metros de la entrada principal del Tribunal, donde estaban militantes de HIJOS, activistas de derechos humanos y otras organizaciones sociales.
“8.000 verdades, 22.000 mentiras”, decía el material firmado por Unión de Promociones Santa Fe/Paraná y por la organización La Otra Campana, además de miembros de AfaVitA (Asociación Familiares y Amigos de Víctimas del terrorismo en Argentina).

En la sala

En la sala, Víctor Brusa permanecía impávido, como si no escuchara o no entendiera. Sin embargo al mirar al público y los carteles de los desaparecidos, inmediatamente miraba para otra parte. Ya en 2009 fue condenado por participar en 21 desapariciones forzadas, cuando se desempeñaba como secretario de juzgado en Santa Fe.
Ahora es acusado de aplicar, en su rol de funcionario judicial “apremios ilegales a dos víctimas con el objetivo de que modifiquen las declaraciones vertidas bajo torturas”. En la causa también oyeron las acusaciones en su contra: Juan Calixto Perizzotti, ex jefe de la Guardia de Infantería Reforzada (GIR) y coordinador del Área de Defensa 212; Ricardo Silvio Ferreyra, ex comisario de la Seccional 4°; la ex escribiente de la GIR, María Eva Aebi y Eduardo Alberto Ramos Campagnolo, ex ayudante del Departamento de Informaciones Policiales (D-2) de la policía provincial.
En tanto, tras el vidrio que separa a abogados y acusados, de quien van a presenciar la audiencia, En silencio y con pañuelo blanco, Otilia Acuña, aguarda las acusaciones a los detenidos. Otilia es madre de Nilda Elías, maestra y militante asesinada en abril de 1977,
Por su parte, con la foto de Patricia Villa, un hombre cuenta que es su hermana y que está desaparecida. “Como familiares de víctimas del terrorismo de Estado, sentimos mucha emoción al acompañar a los juicios, a pesar que los hechos que se ventilan son muy dolorosos para nosotros. Quizás lo particular en este caso es que por primera vez compartimos la sala con los familiares de los torturadores, en una mismo espacio de 10 asiento para cada grupo, como si fueran los mismo los cientos de víctimas del terrorismo de Estado, respecto a la familia de un genocida”.
Y agrega “siempre en los juicios hay una parte de sensación de justicia cuando hay condenados, pero sabemos que faltan nombres. Había operativos de fuerzas conjuntas y participaban una 30 personas que participaban, y esos están sentados en el banquillo de los acusados”.

“Reconstrucción de la memoria”

Ya en el cierre de la audiencia, Nadia Schujman, abogada por la querella en representación del hijo y de la segunda esposa de Emilio Feresin, solicitó al tribunal autorización para que sus hijos ingresen al debate del juicio y “especialmente a la sentencia”.
“No existe razón alguna de orden público, moralidad o de seguridad que impida el acceso de los niños y que sólo el apego irreflexivo al texto legal con prescindencia de una interpretación teleológica y sistemática obstruirían la autorización solicitada”, señaló Schujman.
“Entendiendo que es insoslayable la importancia que este tipo de juicios tiene para la reconstrucción de la memoria, la verdad y la justicia”, indicó Nadia, esposa de Juan Basso Feresin, cuyo desaparición y muerte es investigada.
También citó como antecede el caso “Romero Niklison” en año 2011 y afirmó que la presencia de sus hijos “les permitirá tomar contacto con circunstancias decisivas de la biografía familiar, hecho que resulta conveniente para el resguardo de su identidad. A ello se agrega que existe un informe psicológico favorable con relación a la presencia de los niños en la audiencia, quienes además, se encontrarán acompañados por sus padres.

Foto: Andrés Macera.

"La Casita". Nuevo juicio en Santa Fe: Volvieron los visitantes


Foto: Andrés Macera.


Por Santiago Garat.  En el comienzo de la causa que investiga los secuestros y torturas de trece personas que pasaron por el centro clandestino de detención La Casita, en Santa Fe, y el homicidio del militante montonero Emilio Feresin; un grupo de familiares de represores provocó a quienes acompañaban a las víctimas con las mismas consignas esgrimidas desde el gobierno nacional. En Rosario se reinició Guerrieri III.

“Basta del curro de los derechos humanos”, “8.000 verdades, 22.000 mentiras. LIBERTAD a los presos por las mentiras” y “Basta de indemnizaciones millonarias a TERRORISTAS ASESINOS de los ‘70. Las paga ud. Las pago yo. Las pagamos todos”, se leía en los carteles pegados en las inmediaciones de los tribunales federales de la capital provincial donde el pasado jueves comenzó el juicio oral y público contra cinco represores acusados de cometer crímenes de lesa humanidad en los centros clandestinos de detención Comisaría 4ª, la Guardia de Infantería Reforzada y La Casita.
Además, una veintena de familiares de los acusados se amuchó en una de las puertas de ingreso de los tribunales en un hecho inédito, por lo menos para quienes asisten –desde sus inicios– a los juicios en Rosario. Con una actitud netamente provocadora, los manifestantes desplegaron una bandera argentina y mostraron pancartas que rezaban: “Ba$ta”. Y, como si eso fuera poco, se aseguraron la mitad de las ubicaciones disponibles para el público en el recinto.
Cuando ingresaron los cinco acusados –el ex juez federal santafesino (en aquel momento secretario penal) Víctor Hermes Brusa; el ex jefe de la Guardia de Infantería Reforzada (GIR) y coordinador del Area de Defensa 212, Juan Calixto Perizzotti; el ex comisario de la seccional 4ª de policía, Ricardo Ferreyra; el ex ayudante del Departamento de Informaciones Policiales (D-2), Eduardo Ramos, y la ex escribiente de la GIR María Eva Aebi–, los visitantes aplaudieron de pie.

Todos somos hijos

Juan Emilio Basso Feresin, de Hijos Rosario y querellante en el juicio por la desaparición y el asesinato de su padre, el militante montonero Emilio Osvaldo Feresín, secuestrado el 10 de febrero de 1977 y muerto, un mes después, por las torturas padecidas, contextualizó la protesta local en el marco nacional. “No es la primera vez que funcionarios de un gobierno democrático justifican o pretenden justificar el terrorismo de Estado o tratan de relativizar la memoria, la verdad y la justicia, esas banderas que se han convertido ya en un emblema del pueblo argentino”, dijo el también trabajador de prensa y director de este periódico. “Este gobierno pretendió borrar los feriados del 24 de marzo, el 2 de abril y el 20 de junio, todas fechas que nos tocan muy de cerca, porque lo que buscan en definitiva es tratar de borrar la historia de lucha por la independencia y por la construcción justa de una Nación para todos los argentinos, agregó Juane, y concluyó: “Hay en este gobierno un intento de retomar un proyecto de Nación que se emparenta con ese que quiso imponer a sangre y fuego la dictadura. El punto de contacto está muy claro, y tiene que ver con el modelo económico que está aplicando, con la diferencia no menor de que estos llegaron a través de los votos”.
Ya en el marco de la audiencia, la abogada Nadia Schujman, esposa de Basso, solicitó al tribunal que se les permita escuchar la sentencia a sus hijos, Juana y Pedro. “La Convención de los Derechos del Niño habla del derecho a la identidad y a conocer sus orígenes. Y ellos tienen derecho a saber la verdad sobre lo que ocurrió con su abuelo”, indicó.
La primera jornada del proceso oral y público, sirvió para la lectura de las acusaciones. Además, el cuerpo de magistrados presidido por Beatriz Baravani de Cavallero, e integrado también por Omar Di Gerónimo y Ricardo Vázquez, rechazó el pedido de recusación a este último, realizado por Eduardo Ramos, uno de los cinco represores que se sentaron en el banquillo de los acusados, decisión que fue abucheada por la mitad del público, esa que hasta aquí jamás había acompañado a sus familiares.

Foto: Andrés Macera.
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