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viernes, agosto 08, 2014

Juicio Feced II: Hijos pidió penas de prisión perpetua y 25 años de cárcel

El juicio por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura en el ex Servicio de Informaciones de la policía de Rosario se encamina a su desenlace. El jueves 7 y el viernes 8 de agosto los abogados querellantes de la organización Hijos realizaron su alegato (la acusación final) contra los diez represores sentados en el banquillo de los acusados.

“La violencia en la Argentina por parte del Estado, en representación de determinados intereses políticos y económicos, se remonta mucho antes del último golpe cívico militar”, comenzó Nadia Schujman, quien junto a Santiago Bereciartua desplegó el alegato de la organización.

“La violencia generada por parte del Estado, ya entrado el siglo XX, fue convirtiéndose en una constante que en el año 1930 inauguró una escalada de golpes de Estado dirigidos contra gobiernos democráticos, electos por las más amplias mayorías sociales”, indicó Schujman, y añadió: “Cada golpe trajo consigo un aumento en los niveles de violencia desatada, siendo siempre precedidos por un seguro de impunidad para los criminales de Estado”.

“El autoritarismo y la intolerancia, fundamentalmente hacia los sectores populares y sus organizaciones, la proscripción del Peronismo, fueron parte ineludible del contexto en el que nació a la vida política la generación del sesenta. Generación que tuvo como trágico bautismo a los bombardeos en la plaza de Mayo, en septiembre de 1955, contra el pueblo indefenso, hecho en el que murieron más de 300 personas”, agregó la abogada a la hora de describir el marco histórico previo al golpe de estado del 24 de marzo de 1976.

Schujman dijo que las declaraciones de los imputados dejaron “en claro a todos los que los escuchamos su convicción ideológica, su falta de arrepentimiento, su orgullo, podríamos decir, acerca de los crímenes que cometieron”.

“Sin embargo –agregó- no tienen la valentía para reconocerlos, llamativa cuestión si es que están tan seguros de haber salvado al país y convencidos que pelearon una guerra, sosteniendo la teoría de los dos demonios”.


Los querellantes enfatizaron que “el entramado económico y civil de la última dictadura es algo sobre lo que de a poco se está avanzando también en este país -tal son los casos de la Ford, Papel Prensa, Massot, Blaquier- lo cual, sin embargo, no cambia ni morigera en nada la responsabilidad de cada uno de los imputados en estos hechos”.

Con minuciosidad Bereciartua y Schujman detallaron los delitos sufridos por las víctimas del SI, el rol de cada uno de los imputados y el modo en que funcionó aquel siniestro centro clandestino de detención.

Un tramo importante del alegato estuvo dedicado a la valoración de la cuantiosa prueba producida durante el juicio y los testimonios de los sobrevivientes.

Finalmente, de acuerdo a los delitos por los que se juzgó a nueve de los diez imputados –privación ilegítima de la libertad, tormentos agravados y asociación ilícita–, los abogados de Hijos pidieron para los ex policías José Rubén Lo Fiego, Ramón Telmo Alcides Ibarra, Julio Fermoselle, Ovidio Olazagoitía, Ricardo José Torres, Pedro Travagliante, Ernesto Vallejos, Julio César Nast y Eduardo Dugour, la máxima pena que permite la escala penal Argentina para esos crímenes: “veinticinco años de prisión, inhabilitación absoluta en cumplimiento efectivo y cárcel común”. Para el caso de Carlos Ulpiano Altamirano, el único acusado por homicidio en este tramo del expediente Feced –por los asesinatos de los hermanos peruanos María Antonieta y Rory Céspedes Chung–, solicitaron la pena de prisión perpetua en cárcel común y efectiva.

“Todos estos constituyen delitos de lesa humanidad cometidos en el marco de un genocidio”, señaló Bereciartúa al finalizar la exposición.

viernes, agosto 01, 2014

Juicio Feced II: "Los testimonios de los sobrevivientes fueron contundentes"


Por Tomás Labrador. Mientras en los Tribunales Federales de Rosario se desarrolla el tramo final del juicio oral y público Feced II, en el que son juzgados diez integrantes de la patota que actuó durante la última dictadura bajo las órdenes del entonces jefe de la policía provincial Agustín Feced, el Diario de los Juicios dialogó con los abogados de la querella e integrantes de la agrupación HIJOS Rosario, Nadia Schujman y Santiago Bereciartua. “Los sobrevivientes pudieron hablar de su militancia y de los sueños por los que lucharon”, destacaron a la hora de hacer un balance del proceso que se acerca a su desenlace.

—Cuando ya casi llegamos al final de otro de los juicios emblemáticos en la ciudad, indispensable para conocer la historia reciente de Rosario y de la represión sufrida por sus habitantes durante la dictadura, ¿cuáles son las reflexiones que pueden hacer como abogados querellantes?
—Nadia Schujman (NS): Siendo el juicio número 14 sobre delitos de lesa humanidad que se desarrolla en la provincia, uno siente que no arranca de cero, hay mucho camino allanado en cuanto a que el plan sistemático está probado y cómo se deben valorar los testimonios de los sobrevivientes, también. Ya está hecho en otros procesos, e incluso por estos mismos jueces en otras sentencias y hasta por la Corte Suprema. Se ha avanzado en el respeto a los sobrevivientes, familiares y querellantes –algo que en otros juicios reclamamos– y en cuanto a planteos que ya no se reeditan, no hay que contestar cosas como la prescripción de los crímenes de lesa humanidad, la cosa juzgada, todo lo que fueron “las chicanas de los defensores y los imputados” por mucho tiempo. Es un bloque de cuestiones que ya están zanjadas, hay una base y eso es importante.
—Santiago Bereciartua (SB): Es cierto, se valora todo lo realizado, toda la construcción colectiva de los querellantes, abogados y testigos. Esto hace que se eviten las cuestiones dilatorias y el juicio se centre sobre los hechos a juzgar.
—NS: Sí, aunque ahora parte de la estrategia de los defensores pasa por las condiciones de salud de los imputados, por ejemplo inventar incapacidades para no estar en el juicio –como sucedió con Olazagoitia– donde quedó muy claro a través de las pericias que estaba en perfectas condiciones para participar del mismo. Cuando no hay otra defensa posible recurren a esto, como pasó en Feced I con Díaz Bessone o en el juicio que se desarrolla en San Nicolás con Saint Amant, utilizan esta estrategia porque obviamente los acusados pueden tener algunos achaques porque gozaron de cuarenta años de impunidad y ahora son personas grandes. Pero en casi todos los casos están en condiciones y comprenden perfectamente lo que hicieron.
—Igualmente en este juicio son pocos los imputados que lo siguen desde la sala.
—NS: Claro, pero eso tiene que ver con un derecho que tiene cualquier imputado independientemente de su estado de salud.
—SB: Igualmente, aunque no están en la sala están presentes en el tribunal, alojados en una sala contigua, y tienen que ingresar cuando el tribunal así lo dispone por el desarrollo del juicio.
—¿Qué se puede decir de las declaraciones de los imputados, aportaron algo, algún nuevo dato de utilidad?
—NS: Datos nuevos no, considerando lo que para nosotros sería importante como que digan dónde están los compañeros desaparecidos o dónde enterraron a nuestros compañeros. Sí aportan en el sentido de que –aunque no tienen la valentía de asumir su responsabilidad concreta en los hechos– con lo que dicen queda muy en claro la convicción ideológica de lo que hicieron, cuál era el proyecto que ellos ayudaron a llevar adelante y que no tienen ningún tipo de arrepentimiento.
—SB: Y también que, a pesar del paso del tiempo, no han experimentado ningún cambio en su forma de pensar. Eso reafirma la importancia de los juicios para el futuro de nuestro país.
—Los represores siguen viendo como una anomalía el hecho de ser juzgados...
—NS: Totalmente, por eso me parece muy importante dejar en claro colectivamente la importancia de estas causas. Nosotros, como Hijos, siempre hemos querido darle una dimensión política colectiva a los juicios. Y en ese sentido, el testimonio de Marisa Crocetti, una de las sobrevivientes que declaró en el juicio, demostró porqué los sobrevivientes siguen declarando a pesar de que es algo tan doloroso y victimizante para ellos. Lo hacen no sólo por una cuestión de reparación individual, que cuando han pasado tantos años desde los hechos a veces llega y a veces no, sino porque se trata de hacer un aporte a nuestro país y a las generaciones venideras, porque los delitos que se están juzgando son las aberraciones más grandes. Se pasaron todos los límites y se cometieron crímenes inimaginables. Entonces, como sociedad, nosotros tenemos que hacernos cargo; y el poder judicial, desde el lugar simbólico que tiene, debe decir que esos límites no se pueden pasar y que si se hace tiene una consecuencia
—Ya que hablamos de los sobrevivientes, muchos de ellos han vuelto a dar una demostración de compromiso y valentía al dar testimonio otra vez, algo que vienen haciéndolo desde el juicio a las juntas en la década del 80.
—NS: La riqueza del testimonio de los sobrevivientes nos ha permitido discutir nuestra historia reciente, no sólo contar el horror de lo sucedido. Los compañeros en esta etapa han encontrado el marco necesario para ser escuchados, ya que como sociedad hemos madurado. Cuando declararon por primera vez, en la década del 80, no estábamos preparados para escuchar todo ese horror y ellos no podían relatar todo lo vivido y padecido sin poder hablar de su militancia, de la alegría, de las redes que tejían, de los sueños por los que lucharon y de cómo siguieron sus vidas después de pasar por un centro clandestino de detención. Todo eso nos sirve también para reconstruir nuestra historia y pensamos que es otro de los importantes aportes que hacen los juicios.
—SB: Emociona mucho escuchar a los sobrevivientes relatar que pudieron salir con vida de esos lugares gracias a la ayuda y al compañerismo, que a pesar de las situaciones en que estaban pudieron apoyarse y tener una palabra de aliento en los peores momentos que les tocaron vivir.
—Durante los juicios, ¿se llegó a tener una idea de la dimensión del aparato represivo integrado por la policía de la provincia de Santa Fe?
—NS: Calculamos que la patota de Feced estaba integrada por entre 40 ó 50 personas elegidas específicamente y uno por uno por él mismo. También es muy doloroso asumir que son seres humanos que después de secuestrar y torturar durante horas a los detenidos se iban a buscar a sus hijos a la escuela como cualquiera. Esto, aunque es terrible es la realidad. Para eso fueron entrenados y sus cabezas fueron aceptando un montón de cosas. En el caso de Feced, no cualquiera integraba la patota. De las dos mil personas que formaban la policía, si bien todos cumplían con el rol de integrar el aparato represivo de la época y muchas veces eran utilizados como herramientas por la patota, quienes la conformaban habían sido seleccionados específicamente para eso. El Servicio de Informaciones venía haciendo un trabajo previo al golpe y dependía del Segundo Cuerpo del Ejército. Integraba lo que se conoce como la “Comunidad Informativa”, junto con la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, el Ejército y todos las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales. Tenían reuniones periódicas donde cruzaban datos y se remitían informes a todas las fuerzas. En el SI, todos los partes se hacían por triplicado: uno se enviaba a la jefatura en Santa Fe, otro al Segundo Cuerpo y otro quedaba ahí.
—A partir de los juicios, fue aflorando información sobre la tarea de las fuerzas de seguridad dedicadas a reprimir a las organizaciones de trabajadores, a los estudiantes y a las organizaciones políticas...
—NS: Sí, hay muchísima documentación. Concretamente en la causa Feced hay un documento muy valioso que se conoce como “El informe Sotera”, que fue aportado por Salman –un personal civil de inteligencia de la ciudad de Las Rosas– a la CONADEP en 1984. Informe que Lofiego tenía pegado en su oficina y mostró a muchos sobrevivientes. En ese informe está toda la estructura de la organización Montoneros y al lado de cada nombre, o apodo, estaba puesta su situación, es decir, si estaba prófugo, detenido o había sido asesinado. El archivo de la policía ahora integra el Archivo provincial de la Memoria y todos esos documentos dan cuenta de la persecución gremial, estudiantil y de todas la organizaciones políticas que fueron prohibidas por ley de la dictadura. En la causa Feced hay un número enorme de víctimas que fueron parte de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) y muchos querellantes que representamos fueron secuestrados cuando tenían apenas 15, 16 ó 17 años.
—¿Cuándo se espera que lleguen las sentencias?
—SB: Esperamos que sea a fines de agosto. Después de nuestro alegato final faltará el alegato de la defensa, las dúplicas y réplicas –si se producen–, las palabras finales y la sentencia. Mientras que los argumentos pueden llegar hasta 40 días después de la sentencia.
—¿Ustedes consideran que han sido plenamente probadas las acusaciones y que los imputados serán condenados?
—SB: Sí. Declaró una gran cantidad de testigos y creemos que mediante su testimonio, sumado a la prueba documental y los registros, se ha llegado plenamente a la verdad y todos los acusados en este juicio deben ser condenados.
—¿Cuál es la condena que les corresponde a los imputados?
—NS: En cuanto a la valuación de la prueba, nosotros siempre nos hacemos la misma pregunta: Si no es para estos delitos aberrantes, ¿para qué delitos se reserva el código penal la máxima pena posible?. Creo que no puede haber crímenes más terribles que los narrados en este juicio y –aunque vengo escuchando testimonios de sobrevivientes desde hace más de 10 años– nunca dejo de conmoverme y sorprenderme con los detalles de lo inenarrable del horror. Los límites de la crueldad están corridos incluso en cuestiones que no tienen que ver solamente con la tortura en sí. Cuestiones que marcaron a los compañeros en su subjetividad más profunda, como que te tabiquen con las sábanas de tu bebé o saber que tu compañero desapareció para siempre por el recuento de los jarritos de ese día. Detalles que producen huellas para siempre, como que torturen a un chiquito de 3 años para que su abuela diga donde están su hijo y su nuera.
—SB: Está probado que todos participaban de los operativos y comparten la misma responsabilidad en todos los casos.
—NS: No hay excusa posible. Estaban ahí porque querían, por elección, con un convencimiento que –justamente en las declaraciones que dieron en el juicio– confirma la convicción ideológica que tenían en ese proyecto. Y si ahora tienen algún enojo es porque se sienten usados y consideran que sólo están siendo juzgados ellos pero no todos los que participaron. Y en eso, lamentablemente, vamos a estar de acuerdo. No son los únicos que tienen que ser juzgados y hay muchos otros. Aunque también estamos avanzando con causas como la de Acindar o la de Mercedes Benz, la condena al ex juez Brusa, el juicio a los ex jueces en Mendoza, la causa Papel Prensa que hacen que a pesar de las dificultades se pueda avanzar en el juzgamiento de esos otros –en muchos casos civiles– que fueron ideólogos e instigadores de ese proyecto político.

sábado, julio 12, 2014

Entrevista con el defensor de represores Gonzalo Miño: “El poder económico usó a los militares”

 
El abogado Gonzalo Miño. Foto: Manuel Costa.

Abogado particular de varios condenados por delitos cometidos durante el terrorismo de Estado, entre sus “clientes” se incluyen criminales de lesa humanidad como el ex jefe del Segundo Cuerpo de Ejército, Ramón Díaz Bessone, o el teniente coronel (re) Fernando Manuel Saint Amant.

Por Juane Basso. Qué pasa por la cabeza de una persona que defiende a los genocidas. No un abogado de oficio de los que provee el Estado para garantizar el derecho de defensa, esos no se pueden negar. Sino uno que se sienta enfrete de un torturador o un jerarca de la dictadura que decidió el secuestro y desaparición de cientos de personas y arregla un honorario para tratar de hacerlo zafar de un proceso en el que estarán sus víctimas junto al público esperando justicia, después de más de treinta años de impunidad. Saber qué piensa ese tipo, en este caso uno de los pocos que toma como particular los casos de los represores en Rosario, Gonzalo Miño, fue el disparador de esta entrevista, que por momentos devino en debate. Su reciente propuesta de llamar para declarar como testigo al máximo referente con vida de Montoneros, Mario Eduardo Firmenich, como el “otro demonio” que está faltando traer a los estrados, fue otra de las razones que nos llevó a encontrarnos con el letrado el pasado jueves 3 de julio, en un bar a una cuadra de los Tribunales Federales de Rosario, y grabar el siguiente reportaje.

 ―En el marco de este proceso de juicios por delitos de lesa humanidad pocas veces se escucha la palabra de los abogados de los imputados, ¿por qué?
―En primer lugar te agradezco la nota porque como vos referías en general es cierto que en los medios aparece la palabra de las querellas, el fiscal, pero no sé por qué los abogados defensores no somos consultados. Pienso que es porque hoy no es políticamente correcto, o porque quizás se prefiere escuchar la versión, digamos, oficial.
―Durante mucho tiempo la palabra de las organizaciones de derechos humanos y los sobrevivientes estaba menos legitimada en determinados ámbitos que ahora.
―Es como si los medios fueran de un extremo a otro. Hace años, a los querellantes o a los fiscales no les daban ni pelota. Estos temas no salían, o salían en algunos medios más chicos. Ahora es exactamente al revés. Creo que porque no tenemos término medio en esto. Es una cuestión bastante loca.
―Por otro lado es cierto que la mayoría de los defensores de los imputados por delitos de lesa humanidad son abogados de oficio y quizás no es su trabajo hacer declaraciones, como en los casos de abogados particulares que tienen una relación distinta con sus clientes, de vínculo más ideológico…
―Obviamente los defensores de oficio está limitados en cuanto a que no hacen declaraciones públicas. Ellos hacen su trabajo, es técnico legal, lo hacen en algunos casos muy pero muy bien. Pero están limitados.
―¿A qué se refirió cuando en su último alegato planteó que en estos juicios también deberían estar citados los civiles?
―Yo veo constantemente que en estos juicios, tanto los organismos de derechos humanos como la fiscalía, alegan que lo que hubo fue una dictadura cívico-militar y dicen que no solamente se trató de una cuestión del Ejército, las Fuerzas Armadas, la Policía, sino que hubo una complicidad civil. Bueno, entonces si vamos a revisar la historia judicialmente, yo soy de la idea de que se haga de una manera integral, global y completa. Entonces investiguemos la parte cívica, que creo que no se está haciendo en Santa Fe. No entiendo por qué, no lo sé, tendrán que ser los organismos de derechos humanos y los fiscales quienes digan por qué.
En la causa 050 en Santa Fe, donde se investigó lo que sucedió en la base aérea de Reconquista y en la Jefatura de Policía de esa ciudad, denuncié que dos personas que fueron víctimas, Godoy y Pombiña, denunciaron que habían sido detenidos y apremiados por la gerencia de entonces de la empresa Vicentín. Yo en mi alegato denuncié este hecho, pedí que se cite a los entonces directivos. Es más, alegué, porque me había llegado la información de que los entonces directivos de la empresa se habían apropiado de menores, y no tuvo eco, no hicieron lugar al pedido. Lo ignoraron totalmente. No sé qué pasa en Santa Fe con la pata civil, fijate que en Córdoba, en Mendoza, en Salta, se juzgan empresarios, jueces, políticos. ¿Por qué acá no?. Tocás el tema de (Hermes) Binner. Nosotros lo hemos dicho. Acá hubo imputados en esta causa (Feced II) que lo han dicho.
―Usted lo mencionó en su alegato en la causa Díaz Bessone, citando una declaración de Altamirano. Y en una entrevista me dijo que había otros represores que coincidían en señalar lo mismo.
―Lo dijo Altamirano, lo dijo Nast, hay algunos imputados que cuando amplíen ahora su declaración también lo van a decir. Pero fijate que sale un ex detenido, Carlos Razzetti, quien dice «sí señor, asistió a Adrián Sánchez, detenido, es el doctor Hermes Binner».
―El ex detenido político Adrián Sánchez declaró hace algunas semanas en este juicio, ¿le preguntó por eso?
―Yo a Sánchez no le pregunté específicamente por Binner, porque seguramente me iba a decir que no lo recordaba. Pero sí le pregunté si recordaba haber sido asistido por algún médico y él contestó que no sabe porque estaba vendado, pero que en una oportunidad lo llevan a un escritorio y cree que un enfermero o alguien lo revisa. Con lo cual tenés los elementos por lo menos para investigar. No es que sólo lo dicen los imputados, hay víctimas también. También está el ejemplo de otro señor, Terrazino, de una asociación de ex detenidos (la 22 de Agosto) que dijo que esto de Binner ya lo sabían. Hay elementos para investigar la complicidad. Díaz Bessone declaró que días antes del golpe de Estado lo fue a ver (Rafael) Martínez Raimonda y le pidió que den el golpe. Hay elementos aportados por los imputados que dan cuenta de la complicidad de entonces, porque no fue que a las Fuerzas Armadas se les ocurrió un día dar un golpe de Estado, hubo todo un aparato económico y político que no sé por qué no se investiga en Santa Fe.
―Desde el punto de vista de su trabajo, ¿considera que estos elementos aportan a la defensa de sus clientes?
―No, yo lo hago por una cuestión contextual ideológica. Porque estoy convencido de que si se van a juzgar hechos que ocurrieron en el año 1976 en nuestro país, también debe ser investigado el personal civil. Ese sector, civil, económico, empresarial alentó a las Fuerzas Armadas a dar un golpe de Estado y les dijo que era patriótico luchar contra la subversión. Muchos empresarios usaron a las FF.AA. y usaron el golpe de Estado para llenarse los bolsillos y hoy no están respondiendo por eso.
―¿Los imputados que usted defiende, comparten con usted esta lectura, le manifiestan algún tipo de despecho por esta situación que usted define de “utilización”?
―Sí, totalmente. No te digo que despecho. Pero sí me han manifestado su desazón por decir bueno, nosotros hicimos lo que consideramos que era correcto, porque una sociedad, políticos, empresarios nos alentaron a eso y ahora qué pasa en cuanto a esa gente, a dónde están los que nos palmeaban la espalda en ese momento.

Juicios políticos

―Usted seguramente ha percibido el descontento que ha generado en repetidas ocasiones entre el público algún planteo o alguna afirmación suya. ¿Qué le provocan esas manifestaciones o cuestionamientos del público y los familiares de las víctimas?
―Entiendo a los familiares y a las víctimas porque a veces es muy difícil pelear contra el sentimiento. Ellos han pasado un momento muy duro. Y entonces uno entiende que pueden confundir la tarea de un defensor con la persona a la cual uno defiende. Yo lo entiendo de parte de ellos, incluso algún insulto. Lo que no entiendo es de las partes técnicas, de los abogados y de la fiscalía.
―En uno de sus alegatos usted ha señalado que estos son “juicios políticos”, que tienen que ver con el actual contexto político. Afirmaciones que han provocado algún que otro abucheo del público. ¿Puede precisar más esa idea?
―Yo no creo que a nivel político se haga una revisión integral de la década del setenta. Creo que hay una visión parcializada. Creo que de las organizaciones subversivas de esa época no hubo una autocrítica, salvo alguna que otra persona que haya dicho «bueno, nosotros hicimos una lucha armada, nos equivocamos y nos fue mal». Dentro de ese panorama creo que no hay una visión completa. Ni los malos fueron tan malos, ni los buenos fueron tan buenos.Y prueba de que no hay una revisión global de la historia es que en estos juicios no se está incluyendo ni a políticos, ni a empresarios, ni a jueces. Porque acá ha salido a la luz que los jueces sabían perfectamente lo que estaba pasando. El ex juez (Guillermo) Tschopp, citado por nuestra defensa, dijo acá que no iba al Servicio de Informaciones porque no lo consideraba necesario. Me parece que un juez tiene que revisar dónde estaban los detenidos. Te doy otro ejemplo. Al señor Elías Carranza lo detienen y él cuenta que a las pocas horas la mujer se comunica con el entonces juez Ramón Ríos, quien hoy está en la Cámara, y cuenta que él tiene conocimiento que lo tienen detenido en la Jefatura. La pregunta que yo me hago es ¿cómo ni siquiera se preocupó por ir a verlo?
―Con respecto a las organizaciones populares de los setenta, por lo que usted viene diciendo interpreto que considera que deberían estar siendo juzgadas. Pero lo que se está juzgando son delitos de lesa humanidad.
―Yo creo que hay que investigar a ambas partes. Y no comparto la teoría de los dos demonios. Pero creo que el país en su momento enfrentó una situación caótica con asesinatos de un lado y de otro. Perón le dijo a la gente de la JUP: «Muchachos, un homicidio es un homicidio independientemente de si está bien o si está mal, si lo hizo la derecha, la izquierda, el centro, arriba o abajo».
―¿Usted equipara lo que ha sido el terrorismo de Estado con las acciones de organizaciones políticas de los sesenta-setenta?
―Independientemente de que jurídicamente uno puede decir esto es mejor o esto es peor, en líneas generales yo considero que todos los crímenes cometidos entre el 76 y el 83, y aún más atrás porque esto arranca desde el 69, se deben investigar.
―Para investigar judicialmente un delito de ese período debe ser imprescriptible.
―Obvio. Pero ni siquiera hay una revisión histórica.
―Debo decirle que yo veo la aparición permanente de trabajos, libros, documentales, películas, programas de TV, charlas, actividades académicas, donde se debate esa etapa de nuestra historia. Pero en los tribunales lo que se debaten son delitos.
―Si, pero no te olvides que estos juicios arrancaron como investigación histórica. Y no hay una revisión histórica en ese sentido. Y creo que hay, perdón por lo que voy a decir, como una vergüenza de aquellos que pertenecieron a Montoneros a decir «yo pertenecí a Montoneros», como que no se animan.
―Tengo un registro diferente de las declaraciones de los sobrevivientes en las que veo una mayoritaria reivindicación de su militancia, de su identidad política.
―Algunos sí y algunos no. Yo valoro cuando lo hacen. Mechetti por ejemplo lo hizo.
―Con respecto a esa lectura que usted hace de los hechos ocurridos durante los sesenta-setenta, le debo manifestar para ser honesto que me encuentro en las antípodas. La citación como testigo de Mario Eduardo Firmenich que usted propuso, tiene que ver con esta visión. ¿Por qué lo convocó?
―Totalmente.Tiene que ver con eso. Yo lo convoco por una cuestión muy básica. Creo que es un testimonio importantísimo. Creo que el fue el líder de Montoneros y creo que su testimonio puede ayudar a echar luz sobre el contexto histórico de cómo se fueron desarrollando los hechos. Él puede contarnos un montón de cosas que a veces no se quieren decir o se tapan que fue cómo nace Montoneros, cual fue su proyecto político, los juicios revolucionarios, el tema de la pastilla de cianuro. Independientemente de que después la Justicia lo valore o no.
―Usted habla de proyecto político de Montoneros y las organizaciones de los setenta, y quiero preguntarle sobre el proyecto político del terrorismo de Estado, porque entiendo que en algún punto usted reconoce que vino a defender e instalar un modelo económico, del poder económico…
―No. Yo no creo que lo que vos llamás terrorismo de Estado haya defendido un modelo. Creo que el modelo económico se montó y los usó a los militares para instalarlo. Los militares en ese sentido cometieron un error de dejarse usar.
―Pero siguiendo esa lógica, los militares, usados o no, lo que sucedió es que en función de intereses que respondían a estos sectores del establishment se desarrolló el terrorismo de Estado y que, como consecuencia, instaló un modelo ligado a ese poder económico.
―Sí, podemos decirlo así. Ahora creo que, aislado, si nos enmarcamos en lo que fue la denominada lucha contra la subversión, creo que la sociedad fue llevando a las Fueras Armadas a eso. Eso es un debate que tenemos que darnos entre todos.
―Pero los delitos específicos que se cometieron por parte del terrorismo de Estado, tienen un nivel de aberración que los pone en un plano de singularidad diferencial, incomparable con cualquier otro delito. La apropiación de menores, la sumisión a la servidumbre en centros clandestinos, las sesiones de torturas y las desapariciones…
―En eso estamos totalmente de acuerdo. Lo que no se puede es generalizar y globalizar. Lo que no coincido es decir: todos hicieron terrorismo de Estado. No. Hay que analizar caso por caso. Y quien resulte responsable debe ser juzgado y quien no debe ser absuelto. Lo que pasa es que nosotros corremos una carrera en la que de antemano sabemos el resultado.
―¿Por qué dice que sabemos el resultado?. ¿Considera que la condena ya está resuelta antes de que se desarrolle el juicio?
―Totalmente. Porque sabemos que van a ser condenados. El caso de Dougour en este juicio es palmario. Nosotros tenemos documentado que no pudo por problemas de salud estar en el lugar de los hechos investigados. Sin embargo hay gente que dice que lo vio operando mientras estaba internado. Hay que ver caso por caso. No es lo mismo Massera o Bussi, que Dougour, Vallejos o Nast.
―Pero en la mayoría de las sentencias no son las mismas penas. Y hay absueltos. Sino todos serían condenados.
―Muy pocos absueltos hay, vamos a ser sinceros.
―No sé si es tan poco el número, si tenemos en cuenta que de la cantidad de condenados, que asciende a 531, hay 56 absueltos.
―La verdad no tengo los datos, ¿para qué te voy a mentir?

Una cuestión de elección

―¿Por qué considera que es contratado recurrentemente por imputados de juicios por delitos de lesa humanidad?
―Primero debería preguntarles a los imputados. Supongo que debe ser porque lamentablemente no hay muchos abogados que se dediquen a la defensa de los militares. Supongo que somos muy pocos en el país quienes realmente nos dedicamos a la defensa de militares y el hecho de haber participado de varios juicios uno ya conoce la mecánica y corre con cierta ventaja sobre el resto de los defensores. Yo me siento en el bar de Tribunales y me dicen, «cómo defendés a los militares, estás loco, qué te pasa». Debería ser algo normal, que un abogado defienda a militares. Se defiende a narcotraficantes, a asesinos, todos tienen derecho a defensa.
―¿No es lógico que por lo que representan buena parte de las personas imputadas por delitos de lesa humanidad se le pueda plantear una contradicción a cualquiera frente a semejantes crímenes?
―Yo respeto a la persona que por una cuestión de conciencia no los defiende, como hay gente que me dice que no defiende a violadores, está perfecto. Pero hay mucha gente que no los defiende porque políticamente no es correcto hoy. No te voy a dar nombres pero hace poco una persona que fue a concursar como juez, me decía «no, mirá si me aparece en mi currículum esto». Hay como un miedo a lo que no es políticamente correcto, eso me parece espantoso.
―¿No cree que también hay una identificación de los imputados con algunas de las afirmaciones que usted hace?
―Puede ser. Pero también he tenido voces de abogados que me han recriminado que yo insista con la pata civil. Algo que me han recriminado también otros imputados que me he cruzado en algún penal.

Los defendidos de Miño

En este momento, en el Tribunal Oral Federal (TOF) Nº 2, el abogado Gonzalo Miño representa a seis de los diez imputados en el juicio contra una parte de la patota que actuó durante la dictadura en el Servicio de Informaciones (SI) de la Policía de Rosario. En el proceso se juzgan los crímenes cometidos contra cuarenta detenidos políticos, entre los que se incluyen los delitos de privación ilegal de la libertad, aplicación de torturas y violaciones, por los que están acusados diez represores del ex SI. En el expediente se ventilan los homicidios de Conrado Galdame y de los ciudadanos peruanos Rory Céspedes Chung y María Antonieta Céspedes Chung. Los represores sentados en el banquilllo son: Eduardo Dugour, Ernesto Vallejo, Pedro Travagliente, Ovidio Marcelo Olazagoitía, Julio Héctor Fermoselle, Ramón Telmo Alcides Ibarra, Carlos Ulpiano Altamirano, Lucio César Nast, José Rubén Lo Fiego (ya condenado a prisión perpetua) y Ricardo José Torres. La causa es un desprendimiento del expediente “Díaz Bessone” (ex Feced), caratulada “NAST, Lucio César s/ Privación ilegal de la libertad agravada en concurso real con los delitos de tormentos calificados y asociación ilícita y acumulados”.
Además, ante el TOFNº 1, el abogado de represores también defiende al teniente coronel (re) Fernando Manuel Saint Amant, en un juicio oral en el que se investigan crímenes de lesa humanidad cometidos en San Nicolás, San Pedro y Pergamino durante la última dictadura. Allí el principal acusado es su defendido, quien fue el jefe del Área Militar 131 con asiento en San Nicolás. En ese proceso donde se tratan 76 casos de víctimas del terrorismo de Estado por los delitos de privación ilegítima de la libertad, amenazas, tormentos y homicidio, también están imputados Edgardo Mastandrea, Juan Antonio Benvenutto, Antonio Bossié, Daniel Fernando Quintana, Julio Alberto Almada, Luis Alberto Sinigaglia, Juan Alberto González, Miguel Ángel Lucero, Roberto Guerrina, Norberto Ferrero, Clementino Rojas, Carlos Enrique Rocca, Guillermo Miguel Adrover y Arnaldo Nasiff Bolmeni.

Continuará

La entrevista con Gonzalo Miño se prolongó por más de una hora, en la que el abogado de los represores aceptó preguntas de todo tipo y pudo desplegar “su mirada” del período de los sesenta-setenta, sobre la violencia armada y el contexto político actual en el que se desarrollan los juicios por delitos de lesa humanidad. El material que no entró en estas páginas, posiblemente sea incluido en un próximo artículo de El Eslabón o en nuestro diario digital Redacción Rosario.
Artículo publicado en la edición 150 del semanario El Eslabón.

Foto: Manuel Costa.

lunes, junio 30, 2014

Feced II: El testimonio del ex juez federal Guillermo Tschopp

El jueves 26 de junio continuaron las audiencias en el juicio oral y público contra diez integrantes de la patota de Feced, donde se escuchó el importante testimonio del ex juez federal Guillermo Tschopp, que ocupara ese cargo entre 1976 y 1984 y que fuera cuestionado en duros términos y en repetidas oportunidades por sobrevivientes del Servicio de Informaciones, los cuales dieron cuenta de que el el magistrado hizo caso omiso a las denuncias por torturas que le presentaron en aquellos años.

El ex juez fue invitado a explicar el mecanismo mediante el cual los detenidos por razones políticas eran “blanqueados”, es decir, incorporados al sistema judicial tras su paso por los centros clandestinos de la dictadura. "Los sumarios eran enviados por la Policía Federal o de la provincia y ahí se sustanciaba la causa en sede judicial, no eran los jueces quienes ordenaban las detenciones”, se atajó Tschopp, quien supo dar hasta ocho años de condena a los detenidos políticos que les llevaba la patota.

"En algunos casos, (los presos) manifestaban que habían sido sometidos a algún tipo de apremios", reconoció en un momento, al ser preguntado por la presidenta del tribunal. "En esos casos se daba intervención al fiscal y a la Defensoría", añadió.

Ante una pregunta del abogado de los represores, Francisco Miño -quien  le preguntó si había recibido denuncias de detenidos por apremios-, el ex juez respondió: "Denuncias, no. Sí había manifestaciones al recibir declaración indagatoria. Al leérseles la declaración prestada en sede prevencional (policía o Ejército), manifestaban haber recibido violencia".

"Había un decreto ley que establecía la competencia de la autoridad militar para aquellos casos relacionados con violencia recibida de parte de personal que estuviere a la orden de autoridad militar", justificó el ex magistrado.

Preguntado sobre las solicitudes de hábeas corpus por los detenidos-desaparecidos que presentaban familiares de las víctimas del terronismo de Estado, el ex juez afirmó que "el trámite era pedir informes a las autoridades, policía provincial y federal, Gendarmería, y en función del resultado se disponía hacer lugar. Si estaba detenido, se lo hacía comparecer y verificar si era legítima la detención. Si era negativo, se corría vista al fiscal y quedaba desestimado. No cabía otra posibilidad de investigación".

"El Tribunal jamás ordenaba el lugar de detención, todo eso era controlado por el Comando del II Cuerpo de Ejército y la policía. En Rosario no visitamos las cárceles", confesó, y luego añadió: "No había motivos, quien estaba en Rosario era trasladado al tribunal por la autoridad policial".
Consultado por el fiscal Gonzalo Stara sobre si "había diferencia entre las fechas de los hechos imputados", el ex juez reconoció que "sí”. “En las causas que llegaban no coincidían el momento del parte preventivo con la detención. Todos, incluso absueltos del Juzgado, continuaban detenidos a disposición del Poder Ejecutivo (PEN) que tenía un poder absoluto".

En ese fragmento de su declaración, Tschopp intentó zafar de las repreguntas de los jueces, del fiscal y de los abogados de la querella y aseguró no recordar bien porque “también tenía mucho trabajo con los presos comunes”, ante lo que la representante legal de HIJOS, Nadia Schujman, lo inquirió: ¿Y si esos eran comunes los otros presos qué eran?”. El ex juez afirmó que eran presos que “tenían un tratamiento especial”. La jueza Berros le repreguntó sobre qué tratamiento especial tenían y Tschopp, quien eludió reconocer que eran presos políticos,  expresó: “Yo no sé bien, pero por cuestiones de seguridad tenían otro trato”.



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