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miércoles, septiembre 24, 2014

Guerrieri I: La Corte Suprema dejó firme cuatro condenas

Ante la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que declaró “inadmisible” el recurso interpuesto por la defensa del represor Juan Daniel Amelong, condenado a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad, la agrupación H.I.J.O.S Rosario presentó este martes ante el Colegio de Abogados un pedido para que la entidad le retire definitivamente la matricula. La Justicia de Rosario había restituido la matrícula de abogado al represor argumentando que las tres condenas contra el ex militar no estaban firmes, luego que el Colegio la suspendiera provisoriamente en 2011.
Pero este martes, la Corte Suprema de Justicia declaró inadmisible un recurso de queja presentado por la defensa de Amelong, y la condena a prisión perpetua que recibió en 2010 ante el Tribunal Oral Federal 1 (TOF1) por lo delitos que se juzgaron en la causa conocida como Guerrieri I quedó firme.
“Vamos a presentar un escrito en el Colegio de Abogado atento a que está firme la sentencia del juicio Guerrieri I, para que se le retire la matrícula de abogado a Amelong”, dijo a Nadia Schujman, patrocinante de la agrupación H.I.J.O.S y querellante en aquél proceso oral de 2010.
El “Teniente Daniel”, nombre de guerra de Amelong durante la última dictadura, también fue condenado por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en un juicio que se realizó en Paraná durante el 2011, y en la causa Guerrieri II de Rosario en diciembre del año pasado.
Por pedido de matriculados vinculados a organismos defensores de derechos humanos, el Colegio de Abogado de Rosario le suspendió la matrícula al teniente coronel (re) Amelong en agosto de 2011.
Sin embargo, Amelong –cuya familia prestó un inmueble de su propiedad para utilizar como centro clandestino de detención- apeló la medida a la Justicia, que le dio la razón.
La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe dejó firme, en octubre del año pasado, mediante un fallo dividido, una resolución de la Cámara de Apelaciones de Rosario que había ordenado restituirle la matrícula para ejercer la profesión al represor del Ejército.
“La Corte santafesina dijo en su momento que no había sentencia firme”, recordó la abogada Schujman.Y agregó que ahora que la Corte nacional confirmó la condena a prisión perpetua por el primer juicio que afrontó Amelong, solicitará al Colegio que le retire la matrícula.
Desde el Colegio informaron que la entidad reunirá este miércoles a su directorio y tratará la presentación efectuada por H.I.J.O.S.
La corte Suprema dejó firme tres condenas más a prisión perpetua, además de la de Amelong. Las cuatro condenas corresponden al primer juicio por delitos del terrorismo de Estado realizado en Rosario desde la reapertura de los procesos.
La abogada explicó que aún falta resolver la presentación de uno de ellos. Quedaron firmes las condenas a prisión perpetua dictadas en abril de 2010 por el TOF1 de Rosario contra los militares retirados Juan Daniel Amelong; Pascual Omar Guerrieri y Alberto Fariña; y el ex Personal Civil de Inteligencia (PCI) Walter Salvador Pagano.
En tanto, espera resolución el recurso de queja interpuesto por la defensa del otro PCI condenado en ese juicio, Eduardo Costanzo.
“Es una resolución muy importante, porque es la primera condena de Rosario que queda firme”, resaltó a esta agencia Schujman.
En abril pasado la Sala III de la Cámara de Casación Penal, integrada por los jueces Liliana Catucci, Eduardo Riggi y Mariano Borinsky, rechazó un recurso extraordinario presentado por las defensas de los cinco condenados para que el caso fuera revisado por la Corte.
Finalmente, los defensores fueron en queja al máximo tribunal, que con la firma de cuatro de sus integrantes declaró “inadmisible” el planteo, señalaron fuentes del caso.
Los cuatro represores cuyas condenas quedaron firmes formaron parte del Batallón de Inteligencia 121 de Rosario que durante la última dictadura coordinó el funcionamiento de los centros clandestinos de detención “La Calamita”, ubicado en Granadero Baigorria; “Quinta de Funes” de esa localidad; “Escuela Nº 288 Osvaldo Magnasco” de Rosario; quinta “La Intermedia” perteneciente a la familia de Amelong, ubicada a 30 kilómetros al norte de Rosario; y la “Fábrica Militar de Armas Domingo Matheu”.
El fallo dictado en 2010 por el TOF1 de Rosario probó la existencia de un “plan sistemático” y global con el objetivo de exterminar a militantes políticos que fue ejecutado, entre otras áreas del Ejército y la Policía, por el Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario que integraron los acusados.

sábado, agosto 30, 2014

Juicio Feced II: Los fiscales también pidieron prisión perpetua y 25 años de cárcel

Los fiscales Gonzalo Stara y Mario Gambacorta solicitaron al Tribunal Oral Federal N°2 de Rosario que condene a prisión perpetua a Carlos Ulpiano Altamirano por encontrarlo autor del homicidio de dos estudiantes y coautor de privación ilegal de la libertad y tormentos en perjuicio de nueve personas. También, pidieron 25 años de prisión por los delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos y asociación ilícita para Lucio César Nast, Ricardo José Torres, José Rubén Lo Fiego, Ramón Telmo Álcides Ibarra, Julio Fermoselle, Ovidio Olazagoitía, Ernesto Vallejo, Eduardo Dugour y Pedro Travagliante.

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la organización HIJOS y representantes de las víctimas habían solicitado las mismas penas.

En el proceso -que tramita el Tribunal integrado por los jueces Noemí Marta Berros, María Ivón Vella y Roberto Manuel López Arango- se investigan crímenes en perjuicio de 43 víctimas. El debate se reanudará el 5 de septiembre, con el inicio de los alegatos de las defensas.

Los representantes del Ministerio Público dieron por comprobado que todos los imputados al momento de los hechos se desempeñaban como personal del Servicio de Información Policial:

- José Rubén Lofiego, alias “Menguele” integraba la Policía de la Provincia de Santa Fé y llegó a ser oficial principal en enero de 1978.

- Pedro Travagliante revistó con la jerarquía de agente “S” entre el 7 de agosto de 1974 hasta el 1° de enero de 1981, cuando fue ascendido a cabo.

- Ovidio Olazagoitía fue oficial ayudante desde el 1° de enero de 1970 hasta el 1° de enero de 1978, de oficial auxiliar hasta el 1° de enero de 1980, desde cuando pasó a ser oficial principal.

- Julio Fermoselle, alias “Darío”, fue “agente S” en la Policía de la Provincia de Santa Fe, desde el 8 de julio de 1974 hasta el 1° de enero 1980, fecha en la que lo ascendieron a “Cabo”.

- Eduardo Dugour tuvo la jerarquía de oficial ayudante entre el 1° de enero de 1975 hasta el 1° de enero de 1977; de oficial auxiliar desde el 1° de enero de 1977 hasta el 1° de enero de 1980, y de oficial principal a partir de esa fecha.

- Ernesto Vallejo, también revistó con la jerarquía agente “S” desde el 23 de enero de 1974 hasta el 1° de enero de 1979, y luego como cabo.

- Ramón Telmo Alcides Ibarra se desempeñó como oficial principal desde el 1° de enero de 1976 hasta el 1° de enero de 1980, y de sub-Comisario a partir de esa fecha.

viernes, agosto 08, 2014

Juicio Feced II: Hijos pidió penas de prisión perpetua y 25 años de cárcel

El juicio por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura en el ex Servicio de Informaciones de la policía de Rosario se encamina a su desenlace. El jueves 7 y el viernes 8 de agosto los abogados querellantes de la organización Hijos realizaron su alegato (la acusación final) contra los diez represores sentados en el banquillo de los acusados.

“La violencia en la Argentina por parte del Estado, en representación de determinados intereses políticos y económicos, se remonta mucho antes del último golpe cívico militar”, comenzó Nadia Schujman, quien junto a Santiago Bereciartua desplegó el alegato de la organización.

“La violencia generada por parte del Estado, ya entrado el siglo XX, fue convirtiéndose en una constante que en el año 1930 inauguró una escalada de golpes de Estado dirigidos contra gobiernos democráticos, electos por las más amplias mayorías sociales”, indicó Schujman, y añadió: “Cada golpe trajo consigo un aumento en los niveles de violencia desatada, siendo siempre precedidos por un seguro de impunidad para los criminales de Estado”.

“El autoritarismo y la intolerancia, fundamentalmente hacia los sectores populares y sus organizaciones, la proscripción del Peronismo, fueron parte ineludible del contexto en el que nació a la vida política la generación del sesenta. Generación que tuvo como trágico bautismo a los bombardeos en la plaza de Mayo, en septiembre de 1955, contra el pueblo indefenso, hecho en el que murieron más de 300 personas”, agregó la abogada a la hora de describir el marco histórico previo al golpe de estado del 24 de marzo de 1976.

Schujman dijo que las declaraciones de los imputados dejaron “en claro a todos los que los escuchamos su convicción ideológica, su falta de arrepentimiento, su orgullo, podríamos decir, acerca de los crímenes que cometieron”.

“Sin embargo –agregó- no tienen la valentía para reconocerlos, llamativa cuestión si es que están tan seguros de haber salvado al país y convencidos que pelearon una guerra, sosteniendo la teoría de los dos demonios”.


Los querellantes enfatizaron que “el entramado económico y civil de la última dictadura es algo sobre lo que de a poco se está avanzando también en este país -tal son los casos de la Ford, Papel Prensa, Massot, Blaquier- lo cual, sin embargo, no cambia ni morigera en nada la responsabilidad de cada uno de los imputados en estos hechos”.

Con minuciosidad Bereciartua y Schujman detallaron los delitos sufridos por las víctimas del SI, el rol de cada uno de los imputados y el modo en que funcionó aquel siniestro centro clandestino de detención.

Un tramo importante del alegato estuvo dedicado a la valoración de la cuantiosa prueba producida durante el juicio y los testimonios de los sobrevivientes.

Finalmente, de acuerdo a los delitos por los que se juzgó a nueve de los diez imputados –privación ilegítima de la libertad, tormentos agravados y asociación ilícita–, los abogados de Hijos pidieron para los ex policías José Rubén Lo Fiego, Ramón Telmo Alcides Ibarra, Julio Fermoselle, Ovidio Olazagoitía, Ricardo José Torres, Pedro Travagliante, Ernesto Vallejos, Julio César Nast y Eduardo Dugour, la máxima pena que permite la escala penal Argentina para esos crímenes: “veinticinco años de prisión, inhabilitación absoluta en cumplimiento efectivo y cárcel común”. Para el caso de Carlos Ulpiano Altamirano, el único acusado por homicidio en este tramo del expediente Feced –por los asesinatos de los hermanos peruanos María Antonieta y Rory Céspedes Chung–, solicitaron la pena de prisión perpetua en cárcel común y efectiva.

“Todos estos constituyen delitos de lesa humanidad cometidos en el marco de un genocidio”, señaló Bereciartúa al finalizar la exposición.

viernes, agosto 01, 2014

Juicio Feced II: "Los testimonios de los sobrevivientes fueron contundentes"


Por Tomás Labrador. Mientras en los Tribunales Federales de Rosario se desarrolla el tramo final del juicio oral y público Feced II, en el que son juzgados diez integrantes de la patota que actuó durante la última dictadura bajo las órdenes del entonces jefe de la policía provincial Agustín Feced, el Diario de los Juicios dialogó con los abogados de la querella e integrantes de la agrupación HIJOS Rosario, Nadia Schujman y Santiago Bereciartua. “Los sobrevivientes pudieron hablar de su militancia y de los sueños por los que lucharon”, destacaron a la hora de hacer un balance del proceso que se acerca a su desenlace.

—Cuando ya casi llegamos al final de otro de los juicios emblemáticos en la ciudad, indispensable para conocer la historia reciente de Rosario y de la represión sufrida por sus habitantes durante la dictadura, ¿cuáles son las reflexiones que pueden hacer como abogados querellantes?
—Nadia Schujman (NS): Siendo el juicio número 14 sobre delitos de lesa humanidad que se desarrolla en la provincia, uno siente que no arranca de cero, hay mucho camino allanado en cuanto a que el plan sistemático está probado y cómo se deben valorar los testimonios de los sobrevivientes, también. Ya está hecho en otros procesos, e incluso por estos mismos jueces en otras sentencias y hasta por la Corte Suprema. Se ha avanzado en el respeto a los sobrevivientes, familiares y querellantes –algo que en otros juicios reclamamos– y en cuanto a planteos que ya no se reeditan, no hay que contestar cosas como la prescripción de los crímenes de lesa humanidad, la cosa juzgada, todo lo que fueron “las chicanas de los defensores y los imputados” por mucho tiempo. Es un bloque de cuestiones que ya están zanjadas, hay una base y eso es importante.
—Santiago Bereciartua (SB): Es cierto, se valora todo lo realizado, toda la construcción colectiva de los querellantes, abogados y testigos. Esto hace que se eviten las cuestiones dilatorias y el juicio se centre sobre los hechos a juzgar.
—NS: Sí, aunque ahora parte de la estrategia de los defensores pasa por las condiciones de salud de los imputados, por ejemplo inventar incapacidades para no estar en el juicio –como sucedió con Olazagoitia– donde quedó muy claro a través de las pericias que estaba en perfectas condiciones para participar del mismo. Cuando no hay otra defensa posible recurren a esto, como pasó en Feced I con Díaz Bessone o en el juicio que se desarrolla en San Nicolás con Saint Amant, utilizan esta estrategia porque obviamente los acusados pueden tener algunos achaques porque gozaron de cuarenta años de impunidad y ahora son personas grandes. Pero en casi todos los casos están en condiciones y comprenden perfectamente lo que hicieron.
—Igualmente en este juicio son pocos los imputados que lo siguen desde la sala.
—NS: Claro, pero eso tiene que ver con un derecho que tiene cualquier imputado independientemente de su estado de salud.
—SB: Igualmente, aunque no están en la sala están presentes en el tribunal, alojados en una sala contigua, y tienen que ingresar cuando el tribunal así lo dispone por el desarrollo del juicio.
—¿Qué se puede decir de las declaraciones de los imputados, aportaron algo, algún nuevo dato de utilidad?
—NS: Datos nuevos no, considerando lo que para nosotros sería importante como que digan dónde están los compañeros desaparecidos o dónde enterraron a nuestros compañeros. Sí aportan en el sentido de que –aunque no tienen la valentía de asumir su responsabilidad concreta en los hechos– con lo que dicen queda muy en claro la convicción ideológica de lo que hicieron, cuál era el proyecto que ellos ayudaron a llevar adelante y que no tienen ningún tipo de arrepentimiento.
—SB: Y también que, a pesar del paso del tiempo, no han experimentado ningún cambio en su forma de pensar. Eso reafirma la importancia de los juicios para el futuro de nuestro país.
—Los represores siguen viendo como una anomalía el hecho de ser juzgados...
—NS: Totalmente, por eso me parece muy importante dejar en claro colectivamente la importancia de estas causas. Nosotros, como Hijos, siempre hemos querido darle una dimensión política colectiva a los juicios. Y en ese sentido, el testimonio de Marisa Crocetti, una de las sobrevivientes que declaró en el juicio, demostró porqué los sobrevivientes siguen declarando a pesar de que es algo tan doloroso y victimizante para ellos. Lo hacen no sólo por una cuestión de reparación individual, que cuando han pasado tantos años desde los hechos a veces llega y a veces no, sino porque se trata de hacer un aporte a nuestro país y a las generaciones venideras, porque los delitos que se están juzgando son las aberraciones más grandes. Se pasaron todos los límites y se cometieron crímenes inimaginables. Entonces, como sociedad, nosotros tenemos que hacernos cargo; y el poder judicial, desde el lugar simbólico que tiene, debe decir que esos límites no se pueden pasar y que si se hace tiene una consecuencia
—Ya que hablamos de los sobrevivientes, muchos de ellos han vuelto a dar una demostración de compromiso y valentía al dar testimonio otra vez, algo que vienen haciéndolo desde el juicio a las juntas en la década del 80.
—NS: La riqueza del testimonio de los sobrevivientes nos ha permitido discutir nuestra historia reciente, no sólo contar el horror de lo sucedido. Los compañeros en esta etapa han encontrado el marco necesario para ser escuchados, ya que como sociedad hemos madurado. Cuando declararon por primera vez, en la década del 80, no estábamos preparados para escuchar todo ese horror y ellos no podían relatar todo lo vivido y padecido sin poder hablar de su militancia, de la alegría, de las redes que tejían, de los sueños por los que lucharon y de cómo siguieron sus vidas después de pasar por un centro clandestino de detención. Todo eso nos sirve también para reconstruir nuestra historia y pensamos que es otro de los importantes aportes que hacen los juicios.
—SB: Emociona mucho escuchar a los sobrevivientes relatar que pudieron salir con vida de esos lugares gracias a la ayuda y al compañerismo, que a pesar de las situaciones en que estaban pudieron apoyarse y tener una palabra de aliento en los peores momentos que les tocaron vivir.
—Durante los juicios, ¿se llegó a tener una idea de la dimensión del aparato represivo integrado por la policía de la provincia de Santa Fe?
—NS: Calculamos que la patota de Feced estaba integrada por entre 40 ó 50 personas elegidas específicamente y uno por uno por él mismo. También es muy doloroso asumir que son seres humanos que después de secuestrar y torturar durante horas a los detenidos se iban a buscar a sus hijos a la escuela como cualquiera. Esto, aunque es terrible es la realidad. Para eso fueron entrenados y sus cabezas fueron aceptando un montón de cosas. En el caso de Feced, no cualquiera integraba la patota. De las dos mil personas que formaban la policía, si bien todos cumplían con el rol de integrar el aparato represivo de la época y muchas veces eran utilizados como herramientas por la patota, quienes la conformaban habían sido seleccionados específicamente para eso. El Servicio de Informaciones venía haciendo un trabajo previo al golpe y dependía del Segundo Cuerpo del Ejército. Integraba lo que se conoce como la “Comunidad Informativa”, junto con la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, el Ejército y todos las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales. Tenían reuniones periódicas donde cruzaban datos y se remitían informes a todas las fuerzas. En el SI, todos los partes se hacían por triplicado: uno se enviaba a la jefatura en Santa Fe, otro al Segundo Cuerpo y otro quedaba ahí.
—A partir de los juicios, fue aflorando información sobre la tarea de las fuerzas de seguridad dedicadas a reprimir a las organizaciones de trabajadores, a los estudiantes y a las organizaciones políticas...
—NS: Sí, hay muchísima documentación. Concretamente en la causa Feced hay un documento muy valioso que se conoce como “El informe Sotera”, que fue aportado por Salman –un personal civil de inteligencia de la ciudad de Las Rosas– a la CONADEP en 1984. Informe que Lofiego tenía pegado en su oficina y mostró a muchos sobrevivientes. En ese informe está toda la estructura de la organización Montoneros y al lado de cada nombre, o apodo, estaba puesta su situación, es decir, si estaba prófugo, detenido o había sido asesinado. El archivo de la policía ahora integra el Archivo provincial de la Memoria y todos esos documentos dan cuenta de la persecución gremial, estudiantil y de todas la organizaciones políticas que fueron prohibidas por ley de la dictadura. En la causa Feced hay un número enorme de víctimas que fueron parte de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) y muchos querellantes que representamos fueron secuestrados cuando tenían apenas 15, 16 ó 17 años.
—¿Cuándo se espera que lleguen las sentencias?
—SB: Esperamos que sea a fines de agosto. Después de nuestro alegato final faltará el alegato de la defensa, las dúplicas y réplicas –si se producen–, las palabras finales y la sentencia. Mientras que los argumentos pueden llegar hasta 40 días después de la sentencia.
—¿Ustedes consideran que han sido plenamente probadas las acusaciones y que los imputados serán condenados?
—SB: Sí. Declaró una gran cantidad de testigos y creemos que mediante su testimonio, sumado a la prueba documental y los registros, se ha llegado plenamente a la verdad y todos los acusados en este juicio deben ser condenados.
—¿Cuál es la condena que les corresponde a los imputados?
—NS: En cuanto a la valuación de la prueba, nosotros siempre nos hacemos la misma pregunta: Si no es para estos delitos aberrantes, ¿para qué delitos se reserva el código penal la máxima pena posible?. Creo que no puede haber crímenes más terribles que los narrados en este juicio y –aunque vengo escuchando testimonios de sobrevivientes desde hace más de 10 años– nunca dejo de conmoverme y sorprenderme con los detalles de lo inenarrable del horror. Los límites de la crueldad están corridos incluso en cuestiones que no tienen que ver solamente con la tortura en sí. Cuestiones que marcaron a los compañeros en su subjetividad más profunda, como que te tabiquen con las sábanas de tu bebé o saber que tu compañero desapareció para siempre por el recuento de los jarritos de ese día. Detalles que producen huellas para siempre, como que torturen a un chiquito de 3 años para que su abuela diga donde están su hijo y su nuera.
—SB: Está probado que todos participaban de los operativos y comparten la misma responsabilidad en todos los casos.
—NS: No hay excusa posible. Estaban ahí porque querían, por elección, con un convencimiento que –justamente en las declaraciones que dieron en el juicio– confirma la convicción ideológica que tenían en ese proyecto. Y si ahora tienen algún enojo es porque se sienten usados y consideran que sólo están siendo juzgados ellos pero no todos los que participaron. Y en eso, lamentablemente, vamos a estar de acuerdo. No son los únicos que tienen que ser juzgados y hay muchos otros. Aunque también estamos avanzando con causas como la de Acindar o la de Mercedes Benz, la condena al ex juez Brusa, el juicio a los ex jueces en Mendoza, la causa Papel Prensa que hacen que a pesar de las dificultades se pueda avanzar en el juzgamiento de esos otros –en muchos casos civiles– que fueron ideólogos e instigadores de ese proyecto político.
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