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viernes, octubre 10, 2014

Nueve condenas en el juicio a represores de la dictadura de la causa Feced II

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Ocho represores juzgados por su actuación en el centro clandestino de detención (CCD) que funcionó durante la dictadura en el Servicio de Informaciones (SI) de Policía de Rosario, quedaron detenidos y fueron trasladados a distintas cárceles nacionales, luego de escuchar la sentencia dictada el mediodía del viernes último por el Tribunal Oral Federal 2 de Rosario, en el marco de la causa conocida como Feced II. Zafaron de esa “humillación” el Ciego José Rubén Lofiego, que siguió la lectura del veredicto por teleconferencia desde el penal de Marcos Paz –donde cumple una pena de prisión perpetua– y Pedro “Trava” Travagliante, que fue absuelto.  

Luego de un largo debate judicial iniciado en febrero de este año, por el que pasaron más de cien testigos y sobrevivientes del SI, los magistrados Noemí Berros, Roberto López Arango e Ivón Bella condenaron por homicidio a “Caramelo” Carlos Ulpiano Altamirano con la pena de prisión perpetua, e impusieron –por los delitos de privación ilegal de la libertad y tormentos agravados– 22 años de cárcel para Lucio César “Ronco” Nast,  Ernesto “Picha” Dugour, Ernesto “Managua” Vallejos y Julio “Darío” Fermoselle; 20 años para Telmo Alcides “Romel” Ibarra; 18 para el “Vasco” Ovidio Olazagoitía y 12 años para Lofiego, quien ya había sido juzgado en un proceso anterior. Además, los jueces absolvieron a Travagliante.

Tras afirmar que los crímenes de lesa humanidad que se juzgaron “fueron cometidos en el marco del segundo genocidio perpetrado en nuestro país”, los magistrados ordenaron a la Gendarmería presente en la sala de audiencias la “inmediata detención” y traslado a penales federales de los condenados.

En el juicio oral por la segunda parte de la causa “Feced” se ventilaron los casos de 43 víctimas, que en su mayoría pasaron por el centro clandestino de detenciones que funcionó en los primeros años de la dictadura en la Jefatura de Policía, entonces ubicada en Dorrego y San Lorenzo.

Entre los hechos investigados a lo largo del proceso que concluyó este viernes estuvieron incluidos los homicidios de los ciudadanos peruanos María Antonieta y Rory Céspedes Chung, asesinados en el marco de una operación montada por la patota del SI para tapar otro crimen ocurrido en ese CCD: el del estudiante Conrado Galdame. Por esas muertes, únicamente, fue juzgado y condenado Altamirano.

Fuera del tribunal, una multitud de ex presos políticos, organizaciones de derechos, sociales y políticas, que siguieron por altoparlante la lectura de veredicto, festejaron las penas más altas y abuchearon las más bajas y la absolución.

Al salir de la audiencia, sobrevivientes del SI, abogados querellantes y organismos se abrazaron y festejaron “el hecho de haber conseguido la sexta sentencia contra represores de la dictadura en la ciudad”.

La abogada de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Rosario (APDH), Jesica Pellegrini, aseguró que “a pesar de la absolución, que ya veremos cuáles son los fundamentos, creemos que las condenas son ejemplares ya que en su mayoría se acercan a los 25 años que habíamos pedimos en todas las acusaciones”.

“Los jueces han reiterado que estos delitos fueron cometidos en el marco del segundo genocidio nacional, con lo cual no sólo se toma una dimensión jurídica de lo ocurrido en 1976 sino también se resignifica el primer genocidio a los pueblos originarios”, enfatizó la abogada.

Y se manifestó feliz “de esa traducción jurídica de hechos históricos nefastos de nuestro país”.

Por su parte, la sobreviviente y querellante en la causa, Marta Bertolino, calificó la sentencia como “excelente” y comentó que dentro del tribunal “se vivió con mucha emoción, sobre todo al conocer la prisión perpetua de uno de los acusados que fue en aquella época muy lesivo con muchos compañeros”.

“También –continuó- al escuchar los fundamentos de la prisión preventiva, cuando la jueza dice que si los criterios que mencionó son válidos para delitos comunes, con mucha más razón lo son en este caso donde se trata de crímenes de lesa humanidad”.

La abogada de Hijos, Nadia Schujman, dijo que “las sentencias de esta megacausa fijan estándares muy importantes y da por tierra con la idea de que estos procesos se van a terminar”. Y agregó: “Todo lo contrario, aún nos queda mucho por hacer como se viene haciendo colectivamente desde hace treinta años”.

Asimismo, subrayó que “la absolución de Travagliante es parte de las reglas de esta pelea que elegimos dar con HIJOS desde la calle y en tribunales para lograr justicia, y no empaña en nada la felicidad y el orgullo por las otras nueve condenas”.

El copresidente de la APDH nacional, Ernesto Moreau, consideró por su parte que “el tribunal interpretó bien la realidad: primero bajó a términos legales a esta patota de policías al considerarla una asociación ilícita y, por otra parte, también los jueces revocaron los pedidos de excarcelaciones tomando en cuenta que existen una gran cantidad de genocidas prófugos”.

Desde la radio abierta montada en las puertas del tribunal, el militante de Hijos Juane Basso dijo: “Celebramos porque tuvimos una nueva sentencia, porque de diez imputados, nueve han sido condenados, en lo que se constituye en un nuevo hecho histórico para la ciudad, nada menos que la sexta condena a represores de la dictadura en Rosario”.

En la jornada frente al tribunal, que comenzó desde temprano a la mañana, hubo espacio además para homenajear a la Madre de Plaza de Mayo Herminia Severini y nombrar “a todos aquellos que hicieron posible con su lucha este momento histórico de juzgamiento a los genocidas”.

La colectividad peruana en Rosario celebró el falló

El integrante de la Asociación de Estudiantes Residentes Peruanos en Rosario, Guillermo Chapa Bayona, consideró este viernes como “un acto importantísimo y trascendental” las condenas dictadas por el Tribunal Oral Federal 2 de Rosario en el juicio por delitos de lesa humanidad de la causa Feced II, en la que se juzgaron los casos de dos hermanos peruanos asesinados por la dictadura.

El dirigente peruano se refirió específicamente a la causa Galdame que se ventiló en el juicio. De acuerdo a la investigación judicial, tras el crimen de Galdame, la patota que operaba en el SI fue el 16 de diciembre de 1978 al departamento de Conrado y asesinó a los hermanos peruanos Céspedes Chiang, con la intención de fraguar un enfrentamiento y legalizar el crimen del estudiante.

Tras la sentencia de este mediodía, Chapa Bayona consideró que “esto viene aparejado a lo que fue llamado el Plan Cóndor y Argentina ha hecho lo que muchos otros países de Latinoamérica no lograron”.

Además, recordó que su institución "participó acercando documentación a la causa por el asesinato de nuestros compatriotas, los hermanos Céspedes Chung".

miércoles, septiembre 24, 2014

Guerrieri I: La Corte Suprema dejó firme cuatro condenas

Ante la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que declaró “inadmisible” el recurso interpuesto por la defensa del represor Juan Daniel Amelong, condenado a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad, la agrupación H.I.J.O.S Rosario presentó este martes ante el Colegio de Abogados un pedido para que la entidad le retire definitivamente la matricula. La Justicia de Rosario había restituido la matrícula de abogado al represor argumentando que las tres condenas contra el ex militar no estaban firmes, luego que el Colegio la suspendiera provisoriamente en 2011.
Pero este martes, la Corte Suprema de Justicia declaró inadmisible un recurso de queja presentado por la defensa de Amelong, y la condena a prisión perpetua que recibió en 2010 ante el Tribunal Oral Federal 1 (TOF1) por lo delitos que se juzgaron en la causa conocida como Guerrieri I quedó firme.
“Vamos a presentar un escrito en el Colegio de Abogado atento a que está firme la sentencia del juicio Guerrieri I, para que se le retire la matrícula de abogado a Amelong”, dijo a Nadia Schujman, patrocinante de la agrupación H.I.J.O.S y querellante en aquél proceso oral de 2010.
El “Teniente Daniel”, nombre de guerra de Amelong durante la última dictadura, también fue condenado por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en un juicio que se realizó en Paraná durante el 2011, y en la causa Guerrieri II de Rosario en diciembre del año pasado.
Por pedido de matriculados vinculados a organismos defensores de derechos humanos, el Colegio de Abogado de Rosario le suspendió la matrícula al teniente coronel (re) Amelong en agosto de 2011.
Sin embargo, Amelong –cuya familia prestó un inmueble de su propiedad para utilizar como centro clandestino de detención- apeló la medida a la Justicia, que le dio la razón.
La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe dejó firme, en octubre del año pasado, mediante un fallo dividido, una resolución de la Cámara de Apelaciones de Rosario que había ordenado restituirle la matrícula para ejercer la profesión al represor del Ejército.
“La Corte santafesina dijo en su momento que no había sentencia firme”, recordó la abogada Schujman.Y agregó que ahora que la Corte nacional confirmó la condena a prisión perpetua por el primer juicio que afrontó Amelong, solicitará al Colegio que le retire la matrícula.
Desde el Colegio informaron que la entidad reunirá este miércoles a su directorio y tratará la presentación efectuada por H.I.J.O.S.
La corte Suprema dejó firme tres condenas más a prisión perpetua, además de la de Amelong. Las cuatro condenas corresponden al primer juicio por delitos del terrorismo de Estado realizado en Rosario desde la reapertura de los procesos.
La abogada explicó que aún falta resolver la presentación de uno de ellos. Quedaron firmes las condenas a prisión perpetua dictadas en abril de 2010 por el TOF1 de Rosario contra los militares retirados Juan Daniel Amelong; Pascual Omar Guerrieri y Alberto Fariña; y el ex Personal Civil de Inteligencia (PCI) Walter Salvador Pagano.
En tanto, espera resolución el recurso de queja interpuesto por la defensa del otro PCI condenado en ese juicio, Eduardo Costanzo.
“Es una resolución muy importante, porque es la primera condena de Rosario que queda firme”, resaltó a esta agencia Schujman.
En abril pasado la Sala III de la Cámara de Casación Penal, integrada por los jueces Liliana Catucci, Eduardo Riggi y Mariano Borinsky, rechazó un recurso extraordinario presentado por las defensas de los cinco condenados para que el caso fuera revisado por la Corte.
Finalmente, los defensores fueron en queja al máximo tribunal, que con la firma de cuatro de sus integrantes declaró “inadmisible” el planteo, señalaron fuentes del caso.
Los cuatro represores cuyas condenas quedaron firmes formaron parte del Batallón de Inteligencia 121 de Rosario que durante la última dictadura coordinó el funcionamiento de los centros clandestinos de detención “La Calamita”, ubicado en Granadero Baigorria; “Quinta de Funes” de esa localidad; “Escuela Nº 288 Osvaldo Magnasco” de Rosario; quinta “La Intermedia” perteneciente a la familia de Amelong, ubicada a 30 kilómetros al norte de Rosario; y la “Fábrica Militar de Armas Domingo Matheu”.
El fallo dictado en 2010 por el TOF1 de Rosario probó la existencia de un “plan sistemático” y global con el objetivo de exterminar a militantes políticos que fue ejecutado, entre otras áreas del Ejército y la Policía, por el Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario que integraron los acusados.

sábado, agosto 30, 2014

Juicio Feced II: Los fiscales también pidieron prisión perpetua y 25 años de cárcel

Los fiscales Gonzalo Stara y Mario Gambacorta solicitaron al Tribunal Oral Federal N°2 de Rosario que condene a prisión perpetua a Carlos Ulpiano Altamirano por encontrarlo autor del homicidio de dos estudiantes y coautor de privación ilegal de la libertad y tormentos en perjuicio de nueve personas. También, pidieron 25 años de prisión por los delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos y asociación ilícita para Lucio César Nast, Ricardo José Torres, José Rubén Lo Fiego, Ramón Telmo Álcides Ibarra, Julio Fermoselle, Ovidio Olazagoitía, Ernesto Vallejo, Eduardo Dugour y Pedro Travagliante.

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la organización HIJOS y representantes de las víctimas habían solicitado las mismas penas.

En el proceso -que tramita el Tribunal integrado por los jueces Noemí Marta Berros, María Ivón Vella y Roberto Manuel López Arango- se investigan crímenes en perjuicio de 43 víctimas. El debate se reanudará el 5 de septiembre, con el inicio de los alegatos de las defensas.

Los representantes del Ministerio Público dieron por comprobado que todos los imputados al momento de los hechos se desempeñaban como personal del Servicio de Información Policial:

- José Rubén Lofiego, alias “Menguele” integraba la Policía de la Provincia de Santa Fé y llegó a ser oficial principal en enero de 1978.

- Pedro Travagliante revistó con la jerarquía de agente “S” entre el 7 de agosto de 1974 hasta el 1° de enero de 1981, cuando fue ascendido a cabo.

- Ovidio Olazagoitía fue oficial ayudante desde el 1° de enero de 1970 hasta el 1° de enero de 1978, de oficial auxiliar hasta el 1° de enero de 1980, desde cuando pasó a ser oficial principal.

- Julio Fermoselle, alias “Darío”, fue “agente S” en la Policía de la Provincia de Santa Fe, desde el 8 de julio de 1974 hasta el 1° de enero 1980, fecha en la que lo ascendieron a “Cabo”.

- Eduardo Dugour tuvo la jerarquía de oficial ayudante entre el 1° de enero de 1975 hasta el 1° de enero de 1977; de oficial auxiliar desde el 1° de enero de 1977 hasta el 1° de enero de 1980, y de oficial principal a partir de esa fecha.

- Ernesto Vallejo, también revistó con la jerarquía agente “S” desde el 23 de enero de 1974 hasta el 1° de enero de 1979, y luego como cabo.

- Ramón Telmo Alcides Ibarra se desempeñó como oficial principal desde el 1° de enero de 1976 hasta el 1° de enero de 1980, y de sub-Comisario a partir de esa fecha.

viernes, agosto 08, 2014

Juicio Feced II: Hijos pidió penas de prisión perpetua y 25 años de cárcel

El juicio por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura en el ex Servicio de Informaciones de la policía de Rosario se encamina a su desenlace. El jueves 7 y el viernes 8 de agosto los abogados querellantes de la organización Hijos realizaron su alegato (la acusación final) contra los diez represores sentados en el banquillo de los acusados.

“La violencia en la Argentina por parte del Estado, en representación de determinados intereses políticos y económicos, se remonta mucho antes del último golpe cívico militar”, comenzó Nadia Schujman, quien junto a Santiago Bereciartua desplegó el alegato de la organización.

“La violencia generada por parte del Estado, ya entrado el siglo XX, fue convirtiéndose en una constante que en el año 1930 inauguró una escalada de golpes de Estado dirigidos contra gobiernos democráticos, electos por las más amplias mayorías sociales”, indicó Schujman, y añadió: “Cada golpe trajo consigo un aumento en los niveles de violencia desatada, siendo siempre precedidos por un seguro de impunidad para los criminales de Estado”.

“El autoritarismo y la intolerancia, fundamentalmente hacia los sectores populares y sus organizaciones, la proscripción del Peronismo, fueron parte ineludible del contexto en el que nació a la vida política la generación del sesenta. Generación que tuvo como trágico bautismo a los bombardeos en la plaza de Mayo, en septiembre de 1955, contra el pueblo indefenso, hecho en el que murieron más de 300 personas”, agregó la abogada a la hora de describir el marco histórico previo al golpe de estado del 24 de marzo de 1976.

Schujman dijo que las declaraciones de los imputados dejaron “en claro a todos los que los escuchamos su convicción ideológica, su falta de arrepentimiento, su orgullo, podríamos decir, acerca de los crímenes que cometieron”.

“Sin embargo –agregó- no tienen la valentía para reconocerlos, llamativa cuestión si es que están tan seguros de haber salvado al país y convencidos que pelearon una guerra, sosteniendo la teoría de los dos demonios”.


Los querellantes enfatizaron que “el entramado económico y civil de la última dictadura es algo sobre lo que de a poco se está avanzando también en este país -tal son los casos de la Ford, Papel Prensa, Massot, Blaquier- lo cual, sin embargo, no cambia ni morigera en nada la responsabilidad de cada uno de los imputados en estos hechos”.

Con minuciosidad Bereciartua y Schujman detallaron los delitos sufridos por las víctimas del SI, el rol de cada uno de los imputados y el modo en que funcionó aquel siniestro centro clandestino de detención.

Un tramo importante del alegato estuvo dedicado a la valoración de la cuantiosa prueba producida durante el juicio y los testimonios de los sobrevivientes.

Finalmente, de acuerdo a los delitos por los que se juzgó a nueve de los diez imputados –privación ilegítima de la libertad, tormentos agravados y asociación ilícita–, los abogados de Hijos pidieron para los ex policías José Rubén Lo Fiego, Ramón Telmo Alcides Ibarra, Julio Fermoselle, Ovidio Olazagoitía, Ricardo José Torres, Pedro Travagliante, Ernesto Vallejos, Julio César Nast y Eduardo Dugour, la máxima pena que permite la escala penal Argentina para esos crímenes: “veinticinco años de prisión, inhabilitación absoluta en cumplimiento efectivo y cárcel común”. Para el caso de Carlos Ulpiano Altamirano, el único acusado por homicidio en este tramo del expediente Feced –por los asesinatos de los hermanos peruanos María Antonieta y Rory Céspedes Chung–, solicitaron la pena de prisión perpetua en cárcel común y efectiva.

“Todos estos constituyen delitos de lesa humanidad cometidos en el marco de un genocidio”, señaló Bereciartúa al finalizar la exposición.

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